A juzgar por el mensaje oficial, el garrote de la flamante Ley de Abastecimiento se cierne sobre las automotrices y los acopios de soja. LA VOZ.
Por Carlos Petroli

Con las principales herramientas de política económica en manos del gobierno central, las provincias que promueven cambios en el sistema de precios y de exportaciones del agro, por ahora no hacen mucho más que diferenciarse en los gestos y discursos, en medio de una pesada cuenta regresiva hacia el recambio de la actual administración del país.

Los ministros de Agricultura de Córdoba y de Buenos Aires, Julián López y “Topo” Rodríguez, volvieron a mostrarse esta semana sobre este andarivel, con críticas hacia la desprolija política nacional en materia de permisos de exportación, y el impacto de la política de precios sobre los productores lecheros. También incorporaron en la agenda que vienen abordando en conjunto con su par de Santa Fe los serios problemas en la infraestructura derivados de inundaciones en las áreas agropecuarias. Un problema que podría agravarse en los próximos meses si se registran lluvias por encima de la media en la región pampeana.

Si después vendrán cambios para oxigenar y dinamizar al complejo agroexportador, por el momento sólo figura en el cuadro de las hipótesis y las promesas (en la vereda de los candidatos de la oposición).

Malas nuevas
Las expectativas de los productores no terminan de digerir un rosario de malas noticias y señales.

En el repaso de esta semana, se anotaron un par de esas novedades: la media sanción de la nueva Ley de Abastecimiento, una espada de Damocles sobre la cabeza de los formadores de precios y las empresas en general.

El administrador de turno, de proponérselo, podrá tomar al pie de la letra, o aun hacer una interpretación caprichosa y sesgada, para caer sobre alguno de los eslabones agroindustriales o mercados para determinar algún tipo de intervención.

Con o sin instrumentos o resoluciones en mano, la práctica ya funcionó con regularidad en los últimos años para abrir o cerrar el frente externo en varios rubros, desde la cadena triguera, la de la carne bovina, la de los lácteos o los insumos intermedios para la industria y los servicios.

El garrote de la flamante ley de abastecimiento se cierne en primer término sobre las automotrices y los acopios de soja, a juzgar por el mensaje oficial.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sumó la exigencia de que los productores declaren la ubicación georreferenciada de los granos que conservan en el campo, de manera de ubicar esas existencias a través de GPS. Esto en razón de que se acerca el vencimiento del plazo para declarar ante el organismo esos stocks de granos.

Nada anormal o extraño, de no computarse que los productores advierten en estas disposiciones la acumulación de maniobras persecutorias. Mientras, se resignan a que las soluciones de fondo provengan de un próximo ciclo político.