La pelea del Gobierno con el campo por el intento del Estado no sólo de apropiarse de un altísimo porcentaje de la renta agropecuaria (como lo viene haciendo desde 2003), sino de hacerlo a precios ridículamente bajos (un dólar a $ 5) evoca la imagen de una década desperdiciada.Adrián Simioni.

La pelea del Gobierno con el campo por el intento del Estado no sólo de apropiarse de un altísimo porcentaje de la renta agropecuaria (como lo viene haciendo desde 2003), sino de hacerlo a precios ridículamente bajos (un dólar a $ 5) evoca la imagen de una década desperdiciada.

Con su desbocado gasto público, al Estado ya no le alcanza ni siquiera el 35 por ciento de la facturación bruta del campo (como es en el caso de la soja, el principal cultivo). Tampoco le alcanza el resto de los impuestos que pagan los demás sectores económicos, incluido el campo.

Fue lindo mientras duró. Alcanzó, por ejemplo, para que 13 millones de habitantes privilegiados del país, en el electoralmente pesado Gran Buenos Aires, sigan pagando casi la misma tarifa de agua que en 2001; o paguen por el transporte público un cuarto de lo que pagan los demás habitantes del país, por citar sólo algunos casos de discriminación que el Inadi ignorará. Así, el kirchnerismo reventó urnas y previno que surgiera una fuerza opositora competitiva –que no pudo apropiarse así del Estado–, como demanda la democracia.

Pero, una década después, la cuestión empeoró. En todos estos años las tierras se empobrecieron. Estado y productores han estado comiéndose el capital, el humus. Cálculos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), a modo de ejemplo: en la zona núcleo, en la campaña 2006-2007, se extrajeron 3.527 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, y se repusieron en fertilizantes 1.207 millones de toneladas, apenas el 34 por ciento.

Si no hubiera retenciones, los productores deberían pagar muchísimo más por el Impuesto a las Ganancias. Pero entonces tendrían un fuerte incentivo a invertir, para descontar del impuesto los fertilizantes que enterrarían en sus campos. No es así.

Kelpers en Charras. Pero el Estado tampoco invirtió los dineros que tomó en la zona agrícola. Pasen por Charras, pueblo situado 35 kilómetros al sudeste de Río Cuarto. Está igual que hace una década, como centenares de pueblos. No tiene una sola calle asfaltada. Lo cruza la misma ruta de hace 35 años. El otro camino, que lo vincula a otros puntos al norte y al sur, sigue siendo de tierra. En mal estado.

Si Charras no consiguió ese asfalto en la mejor década de la historia del agro argentino, ¿cuándo lo conseguirá? Nunca. Los 266 votantes que hubo en las últimas elecciones del pueblo son tan pocos que el poder ni registra que trata a los charrenses como kelpers . Ellos sólo sirven para sacar de allí camionadas con maní, maíz y soja para alimentar a otros. Mientras sus campos se degradan.

¿Mi plata no Vale? Pero el Estado tampoco promovió o financió otro tipo de inversiones. En Malargüe, por ejemplo, hay un enorme yacimiento de potasio, hasta ahora inexplotado. La brasileña Vale tiene en ejecución un plan de inversiones por 6.000 millones de dólares para producir 2,4 millones de toneladas al año de cloruro de potasio. El 95 por ciento de la producción mundial de ese compuesto es para fertilizar.

Sólo por la soja de esta campaña, se calcula que el Estado nacional embolsará 8.000 millones de dólares en retenciones. Pero a la inversión la tiene que hacer Vale, porque con esa plata Cristina Fernández prefiere bancar el déficit de Aerolíneas Argentinas y otros grandes éxitos.

No sabemos qué diría el Scalabrini Ortiz tan mentado por la actual impostura gobernante, que presume de nacionalista. Pero lo cierto es que el proyecto de Vale incluye un tren que va de Malargüe a una nueva estación portuaria en Ingeniero White (cerca de Carmen de Patagones). Vale busca potasio, pero para los campos brasileños.

El Estado fue incapaz de dejar que la renta del agro fuera reinvertida por el propio sector. Pero resulta que, aún manejando el dinero, el Estado tampoco hizo esas inversiones. Tiene que venir alguien de afuera.

Sin embargo, hasta a ese de afuera el Estado puede ahuyentarlo. Según el periodista Jorge Asís (http://jorgeasismuletto.blogspot.com.ar), Vale lo estaría pensando dos veces. Por la inflación, el proyecto le costaría ahora 8.000 millones de dólares, 33 por ciento más que antes.

Sin asfalto en los pueblos, sin potasio en los campos. Todo lo que queda es camorrear por apropiarse de una porción cada vez mayor de lo que otros producen.