Treinta y ocho entidades empresariales participaron en un "foro de convergencia" y difundieron lo que llamaron "bases para la formulación de políticas de Estado". En la declaración sostuvieron que "las propuestas podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país", y que están "vigentes en gran parte del mundo, llevadas adelante con éxito por gobiernos de diferente signo ideológico".
El documento fue firmado por la UIA (Unión Industrial Argentina), ABA (Asociación de Bancos de la Argentina), AEA (Asociación Empresaria Argentina), Cámara de Comercio (CAC), AMCHAM (Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina), Cámara de la Construcción, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro, Federación Agraria, entre otras organizaciones.
En el aspecto económico, los empresarios reclamaron una baja tasa de inflación, previsión y estabilidad de las reglas de juego, garantizar los procesos de formación de precios evitando intervenciones distorsivas, fuerte reducción de la presión tributaria y eliminación de tipos de cambio diferenciales.
La idea básica es que "el respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio son objetivos genuinos y válidos del empresariado". En el aspecto social, el documento destacó como de "suma importancia el desarrollo de una política criminal integral para combatir la inseguridad y el narcotráfico".