La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) advirtió por el posible impacto que podría generar un nuevo frente de conflicto sindical que amenaza con paralizar las exportaciones argentinas.
Luego de lo que fueron las largas y tensas negociaciones entre las empresas agroexportadoras y los trabajadores aceiteros, y de los tres días con la Hidrovía sin trabajar por una medida de fuerza de los prácticos, ahora es la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) la que ha puesto en riesgo la actividad.
En las últimas horas, el gremio había anunciado un paro general que comenzaría en las últimas horas del miércole, pero finalmente el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación dictó al conciliación obligatoria.
Sin embargo, desde la CPPC temen que el gremio insista con una protesta, por lo que salió a advertir sobre sus eventuales consecuencias y a recordar que esta actividad, de acuerdo con las normativas, está contemplada como “esencial”.
En un comunicado, la CPPC dijo que “reafirma su plena disposición al diálogo partitario y advierte sobre el severo impacto económico que provocaría una paralización de la actividad portuaria nacional”.
“Ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con Urgara y con vistas de su reciente convocatoria a un paro general de actividades en todos los puertos y terminales portuarias del país, la CPPC ratifica públicamente su constante vocación de diálogo y la absoluta razonabilidad de las propuestas económicas presentadas, a la vez que formula un urgente llamado a la responsabilidad institucional para garantizar la paz social y la continuidad operativa de los puertos argentinos”, señaló la entidad.
Según la Cámara, desde el inicio de las conversaciones paritarias —cuyo ciclo comprende de enero a diciembre de cada año—, han demostrado “una continua predisposición para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, tomando como parámetro objetivo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y las proyecciones macroeconómicas expresadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)”.
En ese sentido, enumeró que, tras acordar en enero un incremento inicial del 13,7% y saldar las diferencias del primer semestre, ha presentado “múltiples alternativas mejoradoras”.
La propuesta final ofrecida en la paritaria incluye:
En este marco, la CPPC se quejó de que “a pesar de los esfuerzos, el gremio se ha mantenido inflexible en la exigencia de cerrar el ciclo paritario con un incremento del 35,5%, una pretensión que excede en más de 5 puntos porcentuales cualquier proyección económica oficial”.
“Aceptar dicho porcentaje desmedido impactaría severamente en la base salarial futura de las empresas y alteraría la ecuación económica general, representando un anticipo injustificado de casi un trimestre de inflación estimada”, afirmó la Cámara.
Además, consideró que debería tenerse en cuenta su “total apertura”, al haber aceptado, de inmediato, la sugerencia de la Autoridad de Aplicación de abonar y saldar en forma separada los reajustes de mayo, junio y julio para paliar la situación de los trabajadores, “propuesta que fue insólitamente rechazada por el Gremio”, acusó.
Por todos estos motivos, “la declaración de medidas de fuerza por parte de Urgara coloca a los puertos graneleros del país a las puertas de una paralización altamente perjudicial para el comercio exterior, en momentos en que la actividad busca recuperarse de recientes e imprevisibles interrupciones logísticas en las vías navegables”, indicó la CPPC.
Asimismo, la entidad enfatizó que la operatoria de los puertos privados constituye una actividad esencial, conforme a los lineamientos del art. 24 de la Ley 25.877-modificada por la ley 27.802, además de estratégica para la economía nacional.
“Por ello, ha solicitado formalmente a la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Capital Humano / Secretaría de Trabajo) su intervención urgente para que encuadre este conflicto en el marco de la Ley 14.786 y ordene las medidas necesarias que garanticen la paz social y eviten el cese de la operatoria portuaria”, completó.
Pese a lo expresado por la CPPC, al momento de anunciar su paro que iba a comenzar este miércoles a las 22, Urgara había asegurado que la medida es “consecuencia de la negativa de la Cámara a ofrecer una propuesta salarial que recomponga el poder adquisitivo deteriorado de los trabajadores durante los meses de mayo, junio, julio y agosto”.
“Los empleadores del sector portuario y agroexportador –beneficiados por políticas de gobierno y por niveles de actividad y producción históricamente elevados– han optado por mantener el atraso salarial de los trabajadores que hacen posible este rendimiento extraordinario. Frente a semejante contraste, resulta inaceptable que quienes más producen sean quienes más pierden”, denunció el sindicato.
Además, aseguró que agotó todas las instancias de diálogo disponibles, tanto privadas como ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, “sin obtener respuesta concreta y seria”.
Para Urgara, las empresas deben comprender que “la negociación de buena fe no es una opción, sino una obligación”, y que, por ello, “la responsabilidad exclusiva de este conflicto recae sobre quienes tienen la capacidad de resolverlo y han elegido no hacerlo”.