El Gobierno autorizó formalmente el llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar la administración de la red ferroviaria operada por Belgrano Cargas y Logística S.A. A través de la Resolución 1350/2026, el Ministerio de Economía de la Nación dispuso la concesión de las vías e inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

La reacción de los exportadores de la agroindustria fue de unánime celebración tras conocerse la resolución. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) consideraron: “Esta resolución constituye un hito fundamental para la competitividad del sector agroindustrial exportador porque puede dotar de inversión y eficiencia al transporte de carga ferroviario”.

La medida, fundamentada en la declaración de la empresa como sujeta a privatización por la ley 27.742, busca transferir la gestión de la red al sector privado con el argumento de modernizar el sistema y abaratar los costos logísticos del agro. El procedimiento estableció un esquema de desintegración vertical de la compañía en tres unidades: vías, material rodante y talleres.

Privatización Belgrano Cargas

Para asegurar la transparencia, el Gobierno señaló que las ofertas electrónicas deberán presentarse a través de la plataforma oficial hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 09:59 horas. Según determinó la norma, el procedimiento no prevé el otorgamiento de las preferencias a las que refiere el artículo 16 de la ley 23.696 y sus modificatorias, como tampoco la implementación de un Programa de Propiedad Participada”. En tanto, el producido de las ventas se destinará a un fideicomiso para financiar futuras obras.

Un aspecto técnico sobresaliente de los pliegos licitatorios fue la articulación de las concesiones con los beneficios fiscales nacionales. La documentación aprobada por el ministro Caputo incorporó las garantías necesarias para que los futuros adjudicatarios puedan beneficiarse de los incentivos, estabilidad, seguridad jurídica y el sistema de protección de derechos adquiridos propios de los mecanismos de promoción contenidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Por su parte, Ciara ponderó el traspaso de la administración estatal, concluyendo: “La transición desde una administración estatal hacia un modelo de gestión e inversión privada —fundamentado en la libre competencia y en reglas claras— permitirá alinear la red ferroviaria con las necesidades logísticas del agro”.