Ante la posibilidad de modificar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, Miguel Conte, CEO de Conte Bienes Raíces, analiza qué impacto podría tener una eventual reforma sobre la demanda, la liquidez y el valor de los campos, y por qué sus efectos no serían automáticos ni uniformes. AGROFY NEWS - 22/07/2026
 

La posibilidad de reformar la Ley de Tierras volvió a poner en agenda el ingreso de capitales extranjeros al mercado rural argentino. En marzo de 2026, el Gobierno anunció que enviaría al Congreso un proyecto para modificar los límites vigentes sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.

Por el momento, la normativa no cambió. La Ley 26.737 continúa vigente debido a una medida cautelar, luego de que el DNU 70/2023 dispusiera su derogación. Más allá de la discusión jurídica y política, para el sector inmobiliario rural la pregunta central es otra: ¿Qué podría cambiar en el mercado si se ampliara el acceso de compradores internacionales?

Más compradores potenciales, pero no un efecto instantáneo

Una eventual flexibilización podría incorporar nuevos interesados a un mercado que, por la escala y el valor de sus operaciones, tiene un universo acotado de compradores. Para ciertos propietarios, esto podría significar más alternativas para encontrar una contraparte y mayores posibilidades de concretar una operación.

“Una reforma podría ampliar el universo de compradores, pero eso no significa que instantáneamente todos los campos vayan a valer más o que aumenten las operaciones. El impacto dependerá del tipo de activo, de la región y de las condiciones que encuentre el inversor para desarrollar su proyecto”, explica Miguel.

Los inversores internacionales comparan países, regiones y activos en función de su rentabilidad productiva, escala, infraestructura, seguridad jurídica y perspectivas de largo plazo. La normativa es una de las variables de la decisión, pero no la única.

Liquidez y precios: dos efectos diferentes

Para el mercado inmobiliario rural, uno de los posibles impactos estaría en la liquidez: la capacidad de una propiedad para encontrar compradores y concretar una operación en un plazo razonable.

Los activos de mayor escala o aquellos que actualmente tienen una base más reducida de interesados locales podrían ser los primeros en beneficiarse de una demanda más amplia.

Eso no permite anticipar una suba generalizada del valor de la tierra. Una mayor participación internacional podría generar más competencia por determinados activos, pero su impacto debería analizarse caso por caso.

También podrían presentarse diferencias entre regiones. Algunas zonas ofrecen escala; otras, potencial de transformación productiva, posibilidades de valorización o actividades vinculadas con economías regionales y cultivos especiales. Por eso, aun ante un cambio normativo de alcance nacional, la reacción del mercado difícilmente sería homogénea.

Argentina frente a Uruguay y Paraguay

La experiencia de Conte en Argentina, Uruguay y Paraguay permite observar que los inversores internacionales no analizan cada país de manera aislada. Comparan alternativas dentro de la región y ponderan tanto el potencial productivo como la estabilidad, el marco jurídico, la escala disponible y las condiciones de ingreso y salida de la inversión.

“Argentina tiene escala, diversidad productiva y oportunidades en distintas regiones. Una modificación de la ley podría hacer que más inversores vuelvan a incluirla entre sus alternativas, pero al final del día la decisión depende de la previsibilidad, la calidad del activo y la posibilidad concreta de ejecutar un proyecto”, sostiene Miguel Conte.

Uruguay cuenta con una demanda internacional consolidada y es percibido por muchos inversores como un mercado estable y previsible. Argentina, por su parte, combina escala y diversidad productiva con restricciones que hoy condicionan determinadas adquisiciones por parte de personas y sociedades extranjeras.

Qué podría cambiar para propietarios y compradores

Para los propietarios, una demanda internacional más amplia podría sumar alternativas, especialmente en propiedades de gran escala o con características atractivas para proyectos productivos de largo plazo.

Para los compradores, una mayor apertura permitiría acceder de manera directa a activos que hoy encuentran limitaciones por superficie, ubicación o estructura de propiedad.

Al mismo tiempo, el ingreso de nuevos perfiles elevaría las exigencias de las operaciones. La calidad de la información productiva, la situación legal y tributaria del activo, la trazabilidad de los antecedentes y el conocimiento territorial adquieren un peso central cuando la decisión involucra capitales que comparan oportunidades entre distintos países.

Con 50 años de trayectoria, presencia en Argentina, Uruguay y Paraguay, un equipo de más de 40 personas y una red de socios locales, Conte acompaña operaciones rurales combinando conocimiento territorial, tecnología e información aplicada a cada activo.