Con la disolución del INAL, se crea una base única de datos y se fijó un plazo máximo de 45 días para actualizar el Código Alimentario. El ministerio de Salud mantendrá la rectoría en políticas de nutrición. TN - 03/08/2026
 

El gobierno nacional oficializó la reestructuración integral del sistema de control de alimentos en la Argentina, como un paso “hacia la desburocratización del Estado y la optimización de los procesos productivos”.

A través del Decreto N° 697/2026, la administración central dispuso la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la redistribución estratégica de sus competencias.

Con esta medida, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) pasa a absorber de forma absoluta las funciones de registro, control y fiscalización operativa en todo el país, mientras que el ministerio de Salud de la Nación concentrará su labor exclusivamente en la definición de las políticas sanitarias y nutricionales.

La reforma busca terminar con un histórico reclamo del sector agroindustrial y de la industria transformadora: la superposición de jurisdicciones, los trámites repetidos y los extensos plazos burocráticos que encarecían los costos operativos y frenaban la comercialización.

La elección del SENASA para encabezar este rol no resulta aleatoria.

El organismo sanitario ya cuenta con la infraestructura territorial, el cuerpo de inspectores y la red de laboratorios más amplia de la Argentina, cualidades operativas que el INAL jamás logró desplegar a semejante escala.

De este modo, se busca una mayor eficiencia operativa apalancada en la capacidad técnica ya instalada.

El Senasa absorberá la fiscalización y los registros de productos gracias a su despliegue operativo y red de laboratorios en todo el país. (Foto: SENASA).

Un nuevo paradigma para la industria y el comercio

El pilar fundamental de este nuevo esquema se asienta en la simplificación regulatoria y la modernización tecnológica.

A partir de la puesta en marcha del decreto, el SENASA administrará una Base Única de Datos que centralizará la totalidad de los registros de productos y establecimientos alimenticios.

Esto eliminará las dobles evaluaciones que anteriormente debían realizarse ante diferentes ventanillas estatales, simplificando la vida del productor y del industrial alimentario.

Dentro de las novedades regulatorias de mayor impacto para el mercado resalta la fijación de un plazo máximo e improrrogable de 45 días hábiles para tramitar las actualizaciones en el Código Alimentario Argentino (CAA).

Esta medida pone fin a la incertidumbre normativa que solía demorar años en incorporar avances tecnológicos o ingredientes ya aprobados en el resto del mundo.

Con la disolución del INAL, se busca eliminar la duplicación de controles para el transporte y la comercialización de alimentos procesados. (Foto: SENASA).

En materia de comercio exterior, la norma introduce cambios significativos:

• Importaciones: Se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos, coadyuvantes e ingredientes emitidos por países con sistemas de control de alto estándar o alineados con el Codex Alimentarius. Asimismo, los alimentos envasados para venta directa contarán con un esquema de verificación posterior al ingreso para acelerar su llegada a las góndolas.
• Exportaciones: Se simplifican las exigencias al establecerse que los productos solo deberán cumplir con la normativa del país de destino, requiriendo una única certificación emitida por el SENASA con validez e idoneidad internacional.

El decreto promueve además un fuerte perfil federal mediante el impulso de convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La intención es unificar criterios en cuanto a requisitos, aranceles y esquemas de sanción, logrando una única identificación de establecimiento para el tránsito federal.

El SENASA, no obstante, mantendrá la potestad de autorizar y supervisar a los establecimientos oficiales locales que velen por el cumplimiento del código técnico.

Por su parte, la separación de funciones le otorga al ministerio de Salud de la Nación la tarea de concentrarse de forma exclusiva en la evidencia científica para la elaboración de políticas de alimentación saludable.

En esa línea, la cartera sanitaria ya fijó su primer gran objetivo operativo: establecer una agenda técnica para la eliminación progresiva de colorantes y saborizantes artificiales en productos procesados, alineando a la Argentina con las directrices internacionales.

Mientras Salud y la Secretaría de Agricultura dictaminarán las pautas conceptuales y nutricionales de los alimentos, el Senasa funcionará como el brazo ejecutor que fiscalice su cumplimiento estricto a lo largo y ancho de la cadena productiva.