El Gobierno nacional aprovechó el escenario del Congreso Aapresid 2026 para reafirmar su estrategia de desregulación del sector agropecuario y anticipar que continuará avanzando con reformas orientadas a reducir la carga burocrática, mejorar la competitividad y brindar mayor previsibilidad a los productores.

Las definiciones se dieron durante el panel “¿Qué reglas de juego necesita el agro para ser más competitivo?”, realizado en la primera jornada del encuentro que se desarrolla hasta el 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario. Participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, con la moderación del economista Gustavo “Lacha” Lazzari.

Iraeta sostuvo que el Ejecutivo está impulsando un cambio profundo en la relación entre el Estado y el sector productivo. En ese sentido, destacó la reducción de los derechos de exportación y recordó el compromiso oficial de continuar con una baja gradual de las retenciones.

Según el funcionario, estas medidas generan un escenario de mayor previsibilidad para quienes invierten en el campo y permiten encarar el futuro con mejores expectativas. “La baja de retenciones y el compromiso del presidente y del ministro de Economía generan la energía necesaria para seguir adelante con un proceso complejo”, afirmó.

Por su parte, Fariña explicó que la estrategia de reforma del Estado se apoya en dos ejes principales. El primero consiste en revisar y ordenar el entramado normativo vigente mediante un digesto que permita identificar aquellas regulaciones que realmente tienen impacto sobre la actividad agropecuaria.

En ese marco, señaló que recientemente fueron derogadas unas 50 normas del Senasa que, a criterio del Gobierno, imponían exigencias innecesarias para los productores. El objetivo, indicó, es eliminar regulaciones obsoletas y redefinir el rol del Estado, concentrándolo en controles que resulten útiles y eficientes.

El segundo eje apunta a cuestiones estructurales vinculadas con la competitividad, entre ellas los costos logísticos y la presión impositiva que enfrenta la producción agropecuaria.

Iraeta consideró que estas modificaciones reflejan una nueva concepción de la administración pública. Según explicó, el desafío ya no pasa por generar más regulaciones sino por evaluar que las existentes tengan una finalidad concreta y aporten valor al sistema productivo.

Durante el intercambio también remarcó que el sector percibe un cambio de rumbo respecto de políticas implementadas en años anteriores. En ese sentido, aseguró que el Gobierno no prevé intervenir en los mercados mediante restricciones a las exportaciones, fideicomisos para regular precios o esquemas de precios máximos, medidas que, según sostuvo, generaban incertidumbre para la actividad.

Los funcionarios también abordaron temas de actualidad como la desregulación del practicaje y el debate en torno a los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), como ejemplos de la revisión normativa que impulsa la administración nacional.

Al cierre del panel, Iraeta sostuvo que la competitividad del agro argentino puede fortalecerse aún más si continúa el proceso de reducción de impuestos y simplificación regulatoria. Como ejemplo, recordó que durante las negociaciones comerciales con la Unión Europea las principales objeciones provinieron de productores europeos, lo que, a su entender, demuestra el potencial competitivo del campo argentino.

Finalmente, afirmó que la previsibilidad en las políticas públicas modifica las decisiones de inversión de los productores y genera un contexto de mayor confianza para planificar las próximas campañas agrícolas.