Teniendo en cuenta un rinde promedio para la próxima campaña igual al de la campaña anterior (28 qq/ha), el Estado (Nacional, Provincial y Municipal), se quedaría con 723 U$S/ha, mientras al productor en campo propio 95,94 U$S/ha.
En este caso del total de dólares que ingresa al país por 1 ha de soja, el Estado (Nacional, Provincial y Municipal), se queda con la mitad del mismo (50,63 %) mientras que al productor en campo propio tan solo el 6,73 %. Si al cálculo lo hacemos en 100 has (Cuadro 2), mientras el Estado se queda con U$S 72.302, el productor después de invertir y arriesgar le quedan U$S 9.594.
Suponiendo un rinde de un 20 % menor al promedio de la campaña anterior (22 qq/ha), a causa de la sequía pronosticada por el evento climático de la “Niña”, mientras el Estado va recaudar alrededor de 560 U$S/ha (Cuadro 3) al productor no le queda nada.
En este año con alta probabilidad de sequía, donde el productor invierte 542 U$S/ha entre costos directos e indirectos (Sin contar el costo oportunidad de la tierra, que a un valor de 12.000 U$S/ha sería otros 360 U$S/ha) el resultado final es negativo, mientras el Estado se lleva el 50 % de dólares que ingresan al país por una hectárea de soja.
Si al análisis lo hacemos a nivel país donde la intención de siembra es de 16,7 millones de hectáreas, el Estado se queda con U$S 9.362 millones de los U$S 18.737 millones que ingresaran al país por el cultivo de la soja.
Si se cumple los pronósticos climáticos de menores precipitaciones por el fenómeno climático de la “niña” para fines del 2022 y principio de 2023, con seguridad la producción en la nueva campaña 2022/23 sufrirá una merma considerable si la comparamos con el rendimiento promedio de 28 qq/ha de la campaña 2021/22. En este caso y suponiendo un 20 % de merma del rendimiento promedio, la inversión hecha por la producción por hectárea (524,81 U$S/ha) se la queda prácticamente el Estado mediante la presión impositiva (560 U$S/ha).
Esto se debe básicamente a que la mayor parte de esta presión impositiva (66 % del total), se debe a un tributo sobre los ingresos brutos (retenciones) distorsivo, que genera que a pesar de que el productor no tenga rentabilidad, el Estado se queda con el 50 % de los ingresos.
*Consultor, productor y ex secretario de Agregado de Valor de la Nación