El sector productivo argentino se manifestó en contra de la reglamentación de la Unión Europea sobre los productos libre de deforestación. La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) y la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) denunciaron que esta medida es barrera comercial disfrazada de medida medioambiental.

Estas cadenas producen 190,1 millones de toneladas de soja y 175,8 millones de toneladas de maíz. Además, se suma la producción de Brasil, Argentina y Paraguay.

El sector productivo señaló que en las últimas décadas se invirtió en prácticas sostenibles de producción de alimentos con el uso de la tecnología. “Se produjo un aumento significativo de la adopción de medidas proteccionistas por parte de algunos países importadores, que utilizan la preocupación medioambiental como justificación”, denunciaron Acsoja y Maizar.

Para la producción, esta reglamentación invierte la carga de la prueba, generalizan la culpa y genera un gran gasto para demostrar la inocencia. “La disposición en cuestión es una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental que tendrá un impacto considerable en el costo de producción, aumentará los precios de los alimentos y distorsionará el comercio mundial”, apuntó el sector en el comunicado.

Por otra parte, la reglamentación genera el riesgo de expulsar del negocio a los pequeños y medianos productores. “Lesiona la soberanía de los países exportadores, extrapola las competencias reguladoras de la Unión Europea y se colocan en una posición discriminatoria, violando los principios de responsabilidades comunes, pero diferenciadas del Acuerdo de París”, sostuvieron Acsoja y Maizar.

De esta manera, las cadenas manifestaron que las medidas no reconocen a la gran mayoría de productores rurales que preservan el medio ambiente. “Se trata esencialmente de una medida punitiva, con mayores riesgos y costos para el operador privado”, plantearon.

Por último, llamaron al diálogo para encontrar una solución.  “Insistimos en la importancia de revisar esta legislación, excluyendo las clasificaciones por países, ya que son incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los convenios multilaterales sobre medio ambiente”, concluyó el comunicado.