El gobierno uruguayo impondrá nuevas condiciones a la venta de campos a inversores extranjeros. EL CRONISTA

El presidente José Mujica anticipó a los dirigentes del agro que los compradores que no residan en el país deberán obtener la ciudadanía para realizar operaciones

El presidente José Mujica ratificó a la dirigencia de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que el Gobierno aplicará impuestos a los propietarios de mayores extensiones de campos, y les informó que se restringirá la venta de tierras a extranjeros.
El mandatario señaló a los ruralistas que los inversores foráneos que compren tierras en Uruguay deberán radicarse en el país y que para eso se facilitará el otorgamiento de cartas de ciudadanía, un trámite que con la legislación actual demora muchos meses en concretarse.
Mujica recibió a una delegación de ARU encabezada por su presidente, Rubén Echeverría. Allí, se hizo entrega de un memorando con varios planteos, y durante la conversación con el mandatario se apuntó en primer lugar al equilibrio macroeconómico, manifestando su preocupación sobre el exceso de gasto público y la eficiencia de ese gasto.
Los dirigentes rurales expresaron que compartían el gasto social que está haciendo el Gobierno. Sostienen, sin embargo, que ese apoyo no puede desestimular el esfuerzo y el hábito de trabajo, que es bueno que no se pierda en la población.
También conversaron acerca de las diferencias en el tipo de cambio, que preocupa por la pérdida de competitividad que genera. Los ruralistas compararon la actual situación con la crisis que vivió el país en el año 1982.
Según Mújica, se trata del ingreso de muchos dólares al país como resultado de las inversiones extranjeras que han llegado y que es un tema que lo tiene muy bien agendado.
Con respecto a la tributación agropecuaria, la ARU le trasmitió al mandatario que no consideraba conveniente que se planteara un cambio en ese sentido. Mujica le contestó que no creía que la iniciativa de gravar a los grandes terratenientes modificará el déficit fiscal puesto que no era importante.
La ARU sostuvo que no era partidaria de crear un impuesto ciego a la tierra, como sería un impuesto fijo al Patrimonio y un aumento a la Contribución Inmobiliaria Rural.