La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con el Instituto Nacional de Semillas (INASE) establecieron un nuevo protocolo de control para verificar la "identidad varietal en los granos". A través de la Resolución Conjunta 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno busca fortalecer la protección de los derechos de los obtentores frente al uso no autorizado de semillas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el impacto de la medida en cuanto al valor económico e institucional de este avance para el sector agropecuario. "A partir de hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina", anunció. 

Además, señaló que cada productor va a tener la libertad de elegir este mecanismo: “Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4000 millones de dólares anuales".

Semilla fiscalizada

El nuevo marco normativo dispone que los controles oficiales se realizarán a partir de las muestras tomadas en el primer punto de entrega de la cosecha. El Ejecutivo determinó que únicamente las cámaras arbitrales y las entidades privadas que hayan firmado convenios o estén habilitadas por el INASE tendrán la potestad de adquirir y analizar las muestras extraídas. 

El Gobierno explicó que hubo un avance de las herramientas técnicas que permiten determinar la identidad genética en plazos reducidos. También detalló que los métodos utilizados deberán ser reconocidos oficialmente por el organismo.

A partir hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina.

Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se… — Manuel Adorni (@madorni) June 8, 2026

Cómo funciona el control

Una vez concretado el análisis, los laboratorios tendrán la obligación de remitir los resultados de forma inmediata y simultánea al titular de la variedad registrada y al titular de la muestra. A partir de la emisión del certificado, el propietario de la tecnología contará con un plazo de 60 días corridos para efectuar una denuncia si detecta un uso irregular. 

Para resguardar la prueba, las muestras deberán conservarse en un sobre cerrado durante ese período. Sin embargo. ese lapso se suspenderá automáticamente si se inician acciones legales.

La resolución aclaró que todos los acopios o establecimientos que funcionen como punto de entrega deberán estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Por último, el Gobierno destacó que se trata de una modernización y garantizará una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado.