Panorama agropecuario. El Gobierno nacional anunció que emitirá un decreto de necesidad y urgencia que definirá cómo debe pagarse la tecnología en semillas. LA VOZ.
Por Carlos Petroli

Desde hace mucho tiempo, y desde los diferentes costados del mostrador, hay consenso respecto de que la innovación y la propiedad intelectual en las semillas deben contar con una retribución adecuada y en orden a un marco legal y normativo.

Sin embargo, entre el fondo y las formas, persiste en el país una amplia división de aguas entre obtentores, multiplicadores, productores y, ahora también, sectores de la comercialización. La modalidad contractual que propuso Monsanto por la creación de su tecnología Intacta en soja reactualizó la discusión.

La “cláusula Monsanto” para percibir ese canon tecnológico es fuertemente cuestionada por las centrales del agro local. Pero cuenta con adhesiones en la industria semillera, en tanto y en cuanto le caben las generales de la ley: los abusos en los derechos de “uso propio” amenazan a toda la cadena y, en particular, al eslabón encargado de generar estas mejoras tecnológicas.

Todo lo anterior viene a cuento del anuncio oficial –a cargo del ministro Carlos Casamiquela y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández– de que habrá un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para arbitrar en este tira y afloja. En los contratos con productores, Monsanto había fijado la opción de pagar el canon en la semilla o bien en la fase posterior de comercialización (acopios, exportación).

Conocido el potencial “laudo” oficial (todavía resta la publicación para conocer en detalle sus alcances), ASA y Arpov, en representación de semilleros y obtentores, salieron en su apoyo. Se supone que esta viene a zanjar la transición, con vistas a que “todos tomen la sopa”, como en su particular estilo definió el jefe de Gabinete.

La presencia de dos ministros y los últimos mensajes presidenciales indican una señal desde lo alto del Gobierno en favor de los avances biotecnológicos. Pero, al mismo tiempo, las organizaciones rurales han leído que el Estado nacional se ha expresado en contra de la cláusula que exige Monsanto.

Hacerse cargo de los desarrollos intelectuales y tecnológicos tiene un costo y debe ser asumido. De eso se trata cuando se habla de “tomar la sopa” o, lo que es lo mismo, ceñirse al uso propio en los términos normativos para que la “bolsa blanca” no implique eludir la ya vigente Ley de Semillas.

Uno de los peros que afloran en el sector tras el anunciado DNU oficial es que, detrás de este, emerjan nuevas acciones intervencionistas al estilo de las que ya aplicó el actual Gobierno o nuevos registros y tasas que afectarían la ya elevada carga fiscal sobre los productores.

También cabe anotar que la falta de acuerdo y las disidencias en el rubro semillas colocaron en mora no sólo a la política oficial en materia de fiscalización. También puso palos en la rueda en los propios desarrollos de las obtenciones vegetales, que pudieron avanzar a mayor velocidad para beneficio de todos.