Sobre la ruta interestatal 72 y en los 100 kilómetros que separan a las ciudades de Decatur y Springfiel, la capital del Estado de Illinois, los campos ofrecen el mismo denominador común: las curvas de nivel, los drenajes artificiales y la sistematización para el manejo del agua tienen más de 100 años y a nadie se les ocurrió modificarlos.

En esos suelos, están los mayores rendimientos de maíz del mundo. En 1985, en un campo próximo a Champaign, en el Estado de Illinois, el productor Hernán Warsaw obtuvo una producción por hectárea de 230 quintales. En 2015, en ese mismo Estado, otro productor elevó la marca a 334 quintales por hectárea.

Esa cultura por hacer sustentable la producción y que redunde en mayores rendimientos se está viendo en Córdoba. La adopción del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y la creciente conformación de consorcios de conservación de suelo apuntan hacia esa dirección. El rumbo trazado quedó reflejado, en parte, en la última campaña agrícola, cuando por primera vez en el siglo la producción de maíz superó a la de soja.

Con 4,6 millones de hectáreas sembradas en la última campaña, la oleaginosa comparte casi la misma superficie que el club de las gramíneas que integran el maíz, el sorgo y el trigo, que ocuparon 4,3 millones de hectáreas.

Además de redundar en una mayor producción de materia orgánica y estabilidad para los suelos, la rotación más equilibrada también se percibe en los rendimientos. Los 8,9 millones de hectáreas sembradas en la provincia son 23 por ciento más productivas que el promedio nacional.

En la actual campaña, el trigo dio el primer paso para ampliar ese protagonismo, con un aumento del siete por ciento en la superficie implantada, lo que representa 101 mil hectáreas más.

Iniciativa pública y privada

El interés de los productores por seguir consolidando un modelo agropecuario más sustentable parece una tendencia creciente, en la medida que se mantengan las actuales reglas de juego y las gramíneas –en especial, el trigo y el maíz– no reciban lastres impositivos.

Según el director de Desarrollo Agropecuario de la Provincia, Francisco Iguerabide, en lo que va del año ya se presentaron 1.912 declaraciones juradas para adherir al plan de BPA, una tendencia similar a la registrada en 2018. Los interesados que aún no adhirieron tienen plazo hasta el 30 de septiembre.

El plan agroforestal, que tiene respaldo a través de la ley provincial 10.467, también forma parte de la estrategia de sustentabilidad que la producción agropecuaria construye en la provincia.

Como parte de la adhesión al plan, que prevé que cada establecimiento en la provincia tenga entre el dos y el cinco por ciento de su superficie forestada, el Ministerio de Agricultura ya recibió 30 mil declaraciones juradas correspondientes a 50 mil unidades productivas.

De ese universo, la mitad declara cumplir con los umbrales forestales exigidos, y que varían de acuerdo con la fragilidad ambiental de cada zona y las condiciones edafoclimáticas.

El resto tendrá un plazo de 10 años para cumplir con la normativa. La proyección que hacen desde el ministerio es que Córdoba deberá sumar 120 mil hectáreas con forestación.

Además de incentivar la protección del suelo, el plan forestal busca aportar también beneficios económicos a través de la producción de materia prima (madera) y la conformación de industrias para su agregado de valor.