Panorama agropecuario. De la Sota pidió a los productores de zonas agrícolas que apoyen una reforestación, para no cargar en el norte el peso de los servicios ambientales. LA VOZ

cpetroli's picture Por Carlos Petroli0
Ni convidado de piedra ni pato de la boda a la hora de pagar cuentas ambientales: en una geografía tan diversa como la de Córdoba, el agro y su entorno no podrían quedar al margen de la discusión de las políticas de ordenamiento territorial.

Pero el punto no incumbe sólo a un sector o actividad aislada; tampoco podrían ubicarse al margen las esferas públicas, desde los gobiernos locales hasta las estructuras de decisión superiores y los actores privados. La relevancia económica, ecológica y social del sistema así lo exige.

Los últimos incendios forestales prendieron luces amarillas y rojas, para devolver al primer plano un debate con varios ejes, todos enlazados entre sí: el uso del suelo y de los recursos; las políticas de ordenamiento territorial (y el aun controvertido alcance de sus normativas); los presupuestos y recursos del plan de manejo del fuego.

En la misma enumeración están la política ganadera, la estructura foresto-industrial, los recursos turísticos, el desarrollo local y regional, el cambio climático. Y la lista puede hacerse más extensa.

Poner el foco de manera aislada sólo sobre uno de estos aspectos, sin un análisis sistémico y actualizado, podría conducir a errores o a que los remedios resulten peores que la enfermedad.

En el frente de los productores agropecuarios, el partido normativo se está jugando con resultado incierto, mientras transcurrieron ya tres años de la sanción de la ley 9.814 de ordenamiento territorial, focalizada en la preservación de los bosques nativos remanentes.

Fue dictada en 2010, después reglamentada de manera parcial y, por añadidura, enfrenta demandas de inconstitucionalidad (bajo el cargo de no ajustarse a la normativa nacional). Mientras tanto, en la práctica, quienes deben ajustarse a ella se sienten frente a un “limbo jurídico” que lleva varios años.

El mayor peso lo soportan comunidades, productores y propietarios de tierras (auditados con desprolijidades varias, según denuncian), dentro del amplio y también diverso arco noroeste cordobés. El gobernador José Manuel de la Sota acusó recibo de estos reclamos en la Rural de Jesús María y envió el pasado lunes a sus ministros y funcionarios del área agropecuaria y de Ambiente a un encuentro cara a cara con los productores.

Con el telón de los daños por los incendios, el gobernador reconoció que no resulta justo que la región noroeste –la de menor desarrollo relativo– termine cargando con todo el peso de los servicios ambientales.

Con este argumento, volvió a la carga para solicitar la adhesión (“una mano”, dijo textual) de los propietarios en el resto de la zona agrícola para concretar el plan de reforestación que alcanzaría a 80 mil hectáreas, según el proyecto enviado a la Legislatura. Con estos condimentos, el ordenamiento territorial en la provincia todavía tiene varios capítulos por delante.