El Gobierno busca desandar otro conflicto con el campo por el uso de las semillas. A días de dar marcha atrás en tema retenciones, ahora el Ejecutivo debe afrontar la discusión por el acuerdo UPOV 91 y el pago por el uso de semilla propia para la siembra.

Las entidades que representan a los productores manifestaron su rechazo a que se adhiera al acta UPOV 91. Por su parte, el Gobierno no quiere perder otra batalla y comunicó que los productores serán tenidos en cuenta a la hora de reglamentar la norma.

“Adherir al acta 1991 protege la propiedad intelectual de los obtentores públicos y privados, genera ingresos para continuar invirtiendo en nuevas variedades y garantiza el uso propio por parte de los agricultores. Antes de su reglamentación, toda la cadena (incluido los productores) van a consensuar los criterios de excepción al pago de uso propio”, informó la Secretaría de Agricultura a través de un comunicado.

Esto quiere decir, según la secretaría, que se va a acordar quienes no tendrán que pagar por la tecnología de acuerdo a volumen de producción, hectáreas producidas, categorías impositivas, u otros posibles criterios. El Gobierno insiste con que dentro de la adhesión del acta se incluye la aceptación de la facultad del uso propio por parte de los agricultores.

La semana pasada, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su preocupación por los cambios en el uso de las semillas. “Esta decisión se basa en la falsa premisa de que la adhesión a dicho acuerdo conducirá a un acceso equitativo a la tecnología genética más avanzada para todos los productores, una premisa que, según la Confederación, puede lograrse mediante una Ley de Semillas consensuada, tal como lo ha hecho Brasil en los últimos años”, señaló la entidad.

El Gobierno salió a explicar que la adhesión a UPOV ACTA 1991, modificará solo el Capítulo V de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley 20.247). “Otro punto trascendental es que, mediante decreto reglamentario de la presidencia se establecerán los criterios para las excepciones al pago por el uso propio”, planteó la secretaría.

La Federación Agraria Argentina también rechaza esta medida. “UPOV 91 nos quita a los agricultores el derecho a uso propio consagrado en la ley de semillas 20.247. Amplía los derechos de la industria semillera, alcanzando los derechos de propiedad hasta el producto de nuestra cosecha. Fundamentalmente, dijimos que se dejaría al arbitrio de la industria hasta dónde y cómo usaremos de la semilla y, a su vez, se le concedería la facultad al Ejecutivo de reglamentar de manera discrecional sobre el uso de la semilla, los alcances, los costos, los mecanismos de control y todo el circuito comercial desde la semilla hasta el producto final”, expresó la entidad.

Ante este reclamo, el Gobierno aseguró que quedará claramente establecido que el uso propio es legal y oneroso para determinados actores; y en la reglamentación quedarán establecidos los agricultores excluidos del pago por uso propio.

“Esto significa que, el sector de los obtentores no reglamenta ni establece los criterios de interpretación, ni tampoco los alcances del derecho. Al ser los titulares de la propiedad intelectual son quienes pueden ejercer el mismo, pero de acuerdo a los criterios establecidos en la reglamentación”, aclaró la secretaría.

Por último, se planteó que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) tendrá un rol fundamental, ya que es el encargado de la aplicación de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Cabe destacar que el presidente de este organismo es Claudio Dunan, fundador de Bioceres y encargado, en su momento, de defender la tecnología HB4.