Legisladores nacionales, funcionarios del Gobierno y representantes de la producción y la exportación se reunieron el miércoles 18 de noviembre para analizar las implicancias del Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), una normativa que establece nuevos condicionamientos para el ingreso de carne, soja y sus derivados al bloque.
El encuentro dejó una coincidencia de fondo: el sector público y el privado reclaman modificar la categoría de riesgo que Bruselas le asignó a la Argentina.
A partir del 30 de diciembre de 2026, los operadores medianos y grandes que exporten productos derivados de la soja y de la ganadería bovina hacia la UE deberán cumplir con los estándares del reglamento.
La norma condiciona el acceso a ese mercado a la presentación de pruebas verificables de legalidad y trazabilidad ambiental.
Entre otras exigencias, los exportadores deberán demostrar que la producción no se realizó en suelos deforestados después del 31 de diciembre de 2020.
Tras la evaluación de la Comisión Europea, la Argentina quedó encuadrada en la categoría de riesgo estándar.
Estados Unidos, Canadá y Uruguay, otros países exportadores, fueron clasificados como de riesgo bajo, una diferencia que preocupa al sector por sus efectos sobre la competitividad.

Como expositores invitados participaron Agustín Tejeda, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP); Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería; Gustavo Idígoras, en representación de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales; George Breitschmitt, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA); y Adrián Luna Vazquez, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
También estuvieron presentes referentes del comité ABI, integrado por Aapresid, Acsoja, Asagir, ASA, Coninagro, CREA y Maizar.
Durante la jornada se calificó a la normativa como una medida unilateral paraarancelaria, que no tuvo instancias de negociación previas.
Aun así, se indicó que continúan las gestiones para lograr que la calificación asignada al país se reduzca a riesgo insignificante.
En ese marco, se mencionaron las plataformas vigentes como herramientas para gestionar las salvaguardas ambientales y se las planteó como una oportunidad comercial.
Al mismo tiempo, se expusieron los inconvenientes que hoy enfrenta el productor agropecuario que no está inscripto o cuya inscripción fue rechazada, que ve reducido el valor de su producto.
Otro de los temas que surgieron fue la necesidad de modificar y articular aspectos vinculados con la Ley de Bosques.
Los integrantes del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro trasladaron al encuentro las inquietudes de los productores de sus provincias.
Advirtieron que la baja de precios funciona como un sistema de castigos que perjudica al sector y que, además, termina impulsando un mercado paralelo. Coincidieron, además, en la urgencia de modificar el estatus asignado al país.
Entre los legisladores nacionales presentes estuvieron Joaquín Benegas Lynch, Francisco Morchio (ambos de LLA-Entre Ríos), Luis Picat y Cecilia Ibañez (LLA-Córdoba), Guillermo Agüero (UCR-Chaco), Rosario Goitía (LLA-Chaco), Martín Ardohaín (PRO-La Pampa), Ariel Rauschenberger y Daniel Bensusán (UXP-La Pampa) y Andrés Leone (LLA-CABA).
También asistieron equipos de los legisladores Pablo Cervi (LLA-Neuquén) y Pablo Farias (Provincias Unidas-Santa Fe), además de Romina Almeida y Beltrán Benedit (LLA-Entre Ríos) y Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos).
La reunión expuso un amplio consenso entre bloques de distinto signo político, que coincidieron en acompañar al sector productivo ante una normativa que impactará de lleno en las exportaciones de dos de las cadenas más importantes del agro argentino.