A poco de terminar 2020, y cuando no se esperaba que apareciera un cisne negro que pudiera llegar a tener impacto en el mercado, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, se despachó con un comunicado en el que informó la suspensión temporaria a partir del miércoles 30 de diciembre de la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz.

La medida rige para fechas de embarque anteriores al 1° de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020/21.

Con esta medida, el Gobierno aspira a que todos aquellos que tengan maíz lo vendan, y encima a un precio mucho menor al que estaba el mercado el día previo al anuncio de la intervención.

Con esta decisión, el Gobierno busca una forma de disciplinar no solamente al mercado sino también a los productores.

Además hay un tema que los funcionarios no contemplan con esta nueva disposición y es el siguiente: el exportador o cualquier productor puede tomar la decisión de vender su maíz, que ya lo tiene disponible, con entrega a partir de marzo próximo.

No hay medida que pueda torcer la voluntad de los productores o de los agentes comerciales.

¿Razones?

La medida se justifica y se basa, de acuerdo con el comunicado oficial, en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que utilizan al maíz como materia prima.

Se trata de aquellos que lo usan como insumo en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animales, como el caso de la carne de cerdo, avícola, vacuna, huevos y leche.

El comunicado precisó que ya se han declarado exportaciones para la campaña 2019/2020 por un total de 34,23 millones de toneladas, sobre un saldo exportable de 38,5 millones de toneladas. El objetivo de la medida es que los 4,27 millones de toneladas que no se podrán exportar se puedan redireccionar hacia el mercado interno para su transformación en proteína.

La medida tiene mucho condimento ideológico, más si recordamos lo que decía la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el acto de la ciudad de La Plata el pasado 18 de diciembre: “Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías económicas. Acá la actividad económica la mueve la demanda. Y a la demanda no hay otra manera de hacerla que, a través de salarios, jubilaciones, y con precios de alimentos accesibles”.

Esta última frase –“con precios de alimentos accesibles”– resume el porqué de la decisión tomada por el Gobierno de cerrar hasta nuevo aviso las ventas al exterior del cereal. Los funcionarios piensan que ha llegado el momento de disciplinar a los mercados, y esta primera medida apunta a ese sentido.

En la práctica será muy difícil que esta medida tenga éxito. Se estima que hay cuatro millones de toneladas de maíz, de los cuales dos millones de toneladas están en manos de los productores y otros dos millones de toneladas están en poder de los exportadores.

Y lo más importante: todo el maíz que en teoría le sobra a los exportadores, por su imposibilidad de poder exportarlos, está entregado con precios a fijar; es decir el productor todavía no le ha puesto cotización.

Una vez más, el Gobierno va contra la ley de la gravedad y pretende que la manzana suba del suelo al árbol.

Con esta nueva limitación a la libertad de los mercados existe la posibilidad de que, a partir de ahora, aumenten las operaciones por carriles informales, conocidos como canal dos o black.

Una nueva medida que cambia las reglas de juego y genera mucho más incertidumbre a futuro.