Tras el multitudinario acto multisectorial del pasado 9 de julio en la ciudad bonaerense de San Nicolás, sus organizadores elevaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y también a los legisladores, la proclama que se elaboró durante la movilización y que contiene reclamos que están relacionados a la producción, salud, educación, libertades civiles, impuestos, brindar asistencia a los sectores afectados por la pandemia, restricciones a las exportaciones, entre otros.

A diferencia de otros documentos, el que fue elevado en las últimas horas para ser considerado por las autoridades, lleva la adhesión de una importante cantidad de entidades y asociaciones, la mayoría de ellas relacionadas con el sector agropecuario, pero que también incluye a otros actores centrales de la economía, que se encuentran atravesando un momento complejo por las medidas que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

“Cualquier oferta de diálogo estará subordinada a la previa aplicación de medidas concretas. Sin acciones que den evidencias claras de la buena voluntad de los gobernantes, el diálogo no es más que un simulacro, una práctica dilatoria que ya no estamos dispuestos a tolerar”, dice la dirigencia del campo

En las diferentes cartas que se enviaron, una de ellas al presidente de la Nación, se solicita tomar medidas concretas y efectivas en un plazo de 20 días para hacer frente a la demanda que consta en la proclama de San Nicolás, caso contrario amenazaron con profundizar las medidas de fuerza “destinadas a preservar los derechos e intereses de todos los ciudadanos productivos”. Además, advirtieron: “Cualquier oferta de diálogo estará subordinada a la previa aplicación de medidas concretas. Sin acciones que den evidencias claras de la buena voluntad de los gobernantes, el diálogo no es más que un simulacro, una práctica dilatoria que ya no estamos dispuestos a tolerar”.

En medio de esta presentación, es cada vez más grande el malestar en el interior productivo por las restricciones para la exportación de carne vacuna, especialmente, por lo que aguardan los integrantes de la cadena de ganados y carnes que el Gobierno cumpla con la promesa de flexibilizar las ventas al exterior. Hay que recordar que el lunes pasado durante una nueva reunión parara el armado del Plan Ganadero, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, señalaron que se está terminando de definir los alcances de un nuevo Decreto para rehabilitar la exportación de carne de vaca a China y la carne kosher a Israel.

Los reclamos

La proclama de San Nicolás, que fue elaborada durante el acto multisectorial, consta de ocho puntos que señalan:

1) “Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible”.

2) “Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. La Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales”.

3) “Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución”.

4) “Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros). Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse, ya que es el propio Estado el que les impide trabajar en nombre del bien común; y las limitaciones a su actividad no deben prolongarse ni un minuto más de lo estrictamente necesario”.

5) “Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable”.

6) “Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia, y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud”.

7) “Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible”.

8) “Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis”.