“Será para tratar qué INTA queremos a futuro”, anticipó a este medio una de las personas que asistirá al encuentro que se realizará esta tarde. Además, este lunes se conoció la nueva vocal en el Consejo Directivo en representación de la Secretaría de Agricultura, María Inés Amuchástegui.

Retenciones

La discusión por la baja de derechos de exportación no está en el temario oficial. De todas maneras, las entidades entienden que el tema se va a colar en la charla de esta tarde.
Las entidades de base fueron las más duras contra el Gobierno. La forma y el tiempo de la implementación de la eliminación generó rechazo y ruido con los exportadores, el sector que más se benefició de la medida.

La Mesa de Enlace a nivel nacional fue más cauta a la hora de posicionarse. La Sociedad Rural Argentina dijo que se observó que las operaciones se concretaron a precios inferiores a la capacidad teórica de pago (FAS teórico), lo que refuerza la necesidad de ajustar la medida.
Además, puso en duda la legitimidad de las declaraciones. “Por el elevado volumen de DJVE registradas en relación con lo efectivamente comprado por los exportadores, será clave analizar la legitimidad de esas declaraciones, así como la capacidad de pago, y definir cómo avanzaremos en nuestras operaciones en adelante”, dijo.
Por su parte, Coninagro argumentó que, si bien la iniciativa fue recibida con expectativas, en la práctica dejó en el productor una sensación amarga. “Los indicios apuntan a que fue una ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos”, agregó.
El Gobierno tomó nota del malestar y puso a los voceros en los medios. Juan Pazo, titular de ARCA, dijo que, si no están contentos con el precio, que no vendan. “Defiendan el producto porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta”, mencionó y justificó que el valor actual está más alto que el precio previo a la medida. De todas maneras, la industria pagó mucho menos de la capacidad teórica de pago que le generó la medida.