La Mesa de la Producción de Córdoba, que se considera abarcativa de todo el arco productivo de la provincia, fijó posición sobre el anunciado –y muy criticado- proyecto de reforma de la Justicia nacional lanzado por el presidente Alberto Fernández. AGROVERDAD

El grupo, integrado por 12 entidades, varias de ellas del agro, objeta la oportunidad de esa iniciativa en medio de la emergencia planteada por la pandemia y la profunda crisis económica.
Por tanto, interpreta que, siendo necesaria una reforma para transparentar y hacer eficaz el servicio de justicia, debe diferirse su debate y que cuando se de, en un contexto menos apremiante que el actual, “será necesario transitar un debate con amplia participación y en búsqueda de un consenso genuino”.
Cabe recordar que, junto con el proyecto reformador, Fernández nombró una comisión asesora ostensiblemente “monocolor”, esto es, con una abrumadora mayoría de integrantes militantes o afines al oficialismo.
Mesa de la Producción
La declaración expresa lo siguiente:
El sector productivo de la provincia de Córdoba es un entramado de empresas, de todos los tamaños pertenecientes a gran diversidad de sectores, que se destaca por su fuerte compromiso con la producción, la generación de empleo y la participación activa en el desarrollo económico y social provincial y nacional.
Nos reunimos y agrupamos para compartir experiencias, desafíos e inquietudes. Siempre atendiendo a la diversidad de realidades de cada industria y sector, nos une una identidad común: ser el motor de impulso de la actividad económica. Compartimos el valor de la iniciativa privada y el compromiso de contribuir para una mejor calidad de vida de los cordobeses.
Reflexión sobre el rol de la Justicia
Entre las visiones que compartimos está la defensa activa de las bases constitucionales de nuestro país, en especial, los pilares de la República y el Federalismo. Creemos que deben ser los principios por los cuales velar para tener un país equilibrado, justo para cada habitante y con el debido control de los poderes del Estado.
Con ese espíritu es que hemos iniciado un intercambio de ideas en torno al anuncio del Presidente de la Nación sobre distintas iniciativas de reforma del Poder Judicial. Nos hemos comprometido a realizar una reflexión profunda y un seguimiento de las iniciativas que vayan a promoverse con el objetivo de contribuir a la defensa de nuestros valores constitucionales.
En ese marco es que nos surgen, en esta primera etapa, un conjunto de reflexiones que queremos compartir con nuestra red empresaria y también con nuestra comunidad cercana, a fin de enriquecer el debate público.
Sentido de la oportunidad
En primer lugar, nos hacemos eco de la inquietud de gran parte de la población, que se pregunta si iniciativas de este tipo es oportuno plantearlas en un contexto de gran delicadeza social y económica provocada por la actual emergencia sanitaria. No negamos de ninguna manera la necesidad de revisar la efectividad del Poder Judicial en pos de brindar un mejor servicio. Pero nos preguntamos si tal debate es propicio en un momento donde la urgencia de la pronta recuperación económica y el combate de la pobreza deberían ser absoluta prioridad.
Diálogo y consenso
Creemos que cuando sea el momento oportuno, será necesario transitar un debate con amplia participación y en búsqueda de un consenso genuino, donde se aseguren todos los mecanismos para comprender las necesidades de quienes requieren de la justicia: los ciudadanos y, también, las empresas. Si así estuviera garantizado un diálogo abierto y honesto, sentiríamos que se tratará de un debate constructivo con el cual valdrá la pena comprometerse y participar activamente.
Federalismo
Ninguna reforma judicial puede soslayar la imperiosa necesidad de hacer cesar la afrenta contra el federalismo que significa el hecho de que todas las provincias por igual se vean en la obligación de afrontar el costo de solventar a la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello es injusto e inequitativo. Es imperioso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tome a su cargo el financiamiento de su sistema judicial.
Independencia del Poder Judicial
Nuestra matriz constitucional establece el principio de división de poderes con el fin de evitar desvíos en el ejercicio del poder. El Poder Judicial en este marco ostenta, como fin último, el control de los actos de gobierno. Es decir que debemos esperar que, con su actuación, se establezcan los límites constitucionales al ejercicio de poder de los gobernantes, protegiendo los intereses de los ciudadanos de la República en general. Por lo tanto, ningún debate será legítimo si no preserva la independencia del Poder Judicial.
Sobriedad con el gasto público
Por último, las iniciativas propulsadas en el último anuncio presidencial implican un alarmante incremento del gasto público. Esa perspectiva de por sí, en este contexto de enorme dificultad económica y urgencia para atender las secuelas de la pandemia que atravesamos, resulta preocupante. En el fondo, no se trata de discutir si más o menos presupuesto si no de revisar cómo se usan los recursos asignados en la actualidad y cómo podrían optimizarse. A partir de una visión transparente sobre el uso de los recursos públicos y el resultado efectivo que generen en la prestación del servicio de justicia a la población podremos apoyar o rechazar las iniciativas que se eleven a consideración.
Quiénes integramos la Mesa de la Producción de Córdoba
Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba)
• Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC)
• Cámara de Comercio de Córdoba (CCC)
• Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC)
• Cámara de la Construcción – Delegación Córdoba (Camarco)
• Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez)
• Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)
• Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
• Federación Agraria Argentina (FAA)
• Federación Comercial de Córdoba (Fedecom)
• Sociedad Rural Argentina (SRA)
• Unión Industrial de Córdoba (UIC)