El Gobierno manifestó que estas regulaciones obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información que no es utilizada para ningún fin específico y fijan regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas.
En lo que respecta al sector agropecuario, se eliminaron resoluciones con más de 50 años de vigencia. Entre ellos se incluyeron la solicitud de información a productores y comercializadores de algodón, mecanismos de regulación de precios.

Las medidas que afectan al agro es la resolución 226/1986 de la ex-Secretaría de Comercio Interior, que suspende temporalmente el derecho de importación sobre la papa. También se eliminó la Resolución 18/1989 de la ex-Secretaría de Comercio Interior, que obliga a productores y comercializadores de algodón a remitir información a la ex-Secretaría de Comercio Interior.
Por otra parte, se dejó sin efecto la resolución 2/1989 de la ex-Secretaría de Comercio Interior que establecía mecanismos de administración de precios. Al mismo tiempo, la resolución 142/1974 de la ex Secretaría de Comercio sobre la constancia de procedencia de la papa quedó sin efecto.
También, se incluyó la eliminación del Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la fase 2.0 Por último, la batería de desregulaciones incluyó la normativa que establecía el registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos.