El intento de expropiación por parte del Gobierno generó un fuerte rechazo en el país que se cristalizó en banderazos. LA NACIÓN

Reconstrucción", "nueva Vicentin","coconducción", "coconstruir" y "empresa de mayoría nacional". Durante casi media hora, esas palabras fueron repetidas con énfasis por el nuevo directorio de la cerealera-que el Gobierno intentó expropiar en junio pasado- en una entrevista con LA NACION para contar los objetivos que tiene la empresa para la salida del concurso de acreedores, donde ingresó en febrero pasado declarando un pasivo de casi $100.000 millones.
Por primera vez en más de 90 años, no hay un Vicentin en el directorio. De once miembros que tenía el anterior, se bajó a tres. Omar Scarel, con más de 37 años en la empresa y que venía siendo el contador, es el nuevo presidente. Luego lo sigue, como vicepresidente, Daniel Foschiati, un hombre que conoce al detalle toda la situación de los activos de la firma. Además, el abogado Estanislao Bougain se sumó como director independiente. Nunca antes había estado ligado a Vicentin. Tuvo nexos con empresas extranjeras por su profesión. Además, como asesor para vincular a la compañía con la realidad macroeconómica se sumó Diego Guelar, de trayectoria diplomática con última función como embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri.
"Todos esperamos que la Argentina pueda recuperarse y hay elementos que lo indican y ahí creemos en la recuperación y en una nueva Vicentin", señaló Guelar.
Pese a estar en concurso, la empresa pudo seguir trabajando vía diversos contratos a fasón con empresas. Incluso, ya los tiene cerrados para 2021/2022 para cubrir la capacidad operativa en un 70 a 75% en soja y 50% en girasol (este porcentaje es bajo por la caída prevista en la producción del cultivo), entre otros productos. Eso le ha ido permitiendo un flujo de movimiento.
En la actualidad, el concurso de la compañía, que lleva adelante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, se encuentra en una etapa que en la misma firma consideran clave. Hacia fin de diciembre se terminaría de hacer la fiscalización de pasivos y luego se abriría una etapa que en la empresa bautizan como de "coconstuir". Por ello, en lugar de hablar de quitas en la deuda, hablan de un proceso de "partir de la hoja en blanco", sin propuestas previas. En esta línea, remarcan que quieren hacer un trabajo con todos los acreedores.
"Es un concurso atípico, todos compartiendo la solución, el socio estratégico que aparezca, los acreedores. Es una propuesta que se va a construir. Es un trabajo para hacer juntos, estamos pasando ese mensaje a los acreedores; coconstruir para la solución", indicó Bougain.
Para el primer semestre del año que viene debería estar avanzanda la solución para la salida de la empresa. "Para mediados de año tendríamos que tener una propuesta encaminada", indicó Scarel. El proceso como fecha límite no puede ir más allá del 3 de septiembre de 2021.
La empresa contrató el mes pasado al banco de inversión internacional Maxim Group para que le busque un eventual inversor o socio estratégico. Más allá de esto, en la cerealera dijeron que "el objetivo" es que la firma quede con "mayoría nacional".
"El objetivo no es extranjerizar, sino de mayoría nacional. La decisión de que sea de mayoría nacional no es ideológica, es práctica", dijo Guelar, que no obstante señaló que la empresa también abre las puertas a la participación extranjera. El exembajador destacó que la firma tiene "identidad" local.
En este contexto, según precisó Bougain "los accionistas están dispuestos a resignar una parte importante" de su participación para lograr ese objetivo.
En la firma son conscientes de la situación de tensión con el Banco Nación (BNA), acreedor en US$ 300 millones que ha pedido se investigue el balance presentado por la empresa (perdió más de $52.000 millones en 2019 tras haber tenido un resultado positivo de más de $2800 millones en 2018).
"Estamos tendiendo los puentes", dijo Guelar, que consideró que el banco no podría estar en contra de que la empresa siga con mayoría nacional.
Además, también tienen un ojo puesto en el consorcio de seis bancos internacionales, acreedores por US$530 millones. Esos bancos habían acusado a la firma de usar créditos para la compra de granos para otros negocios de la familia dueña.. Sobre este consorcio, quieren avanzar en un encuentro para hablar, brindar información y estar en contacto permanente. Todo esto también ofrecen para los productores que, en diciembre de 2019, fueron notificados de que la empresa no podía pagar la compra de granos por US$300 millones.
"Sus activos son muy grandes y muy bien mantenidos", apuntó Foschiati sobre las espalda de la compañía para encarar el proceso que prevé.
Por: Fernando Bertello