En plena pandemia, el sector agropecuario fue declarado esencial por el Gobierno. Sin embargo, debió enfrentar varios obstáculos: condiciones climáticas adversas, inseguridad rural, toma de tierras, desdoblamiento cambiario, alta presión fiscal y la intención del gobierno de intervenir y expropiar Vicentin, entre otros. INFOBAE

Es difícil hacer un balance de 2020 para el campo sin mencionar la pandemia. Fue un año atravesado por el coronavirus, que nos cambió la vida. Y el sector agropecuario, declarado esencial por el Gobierno desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO, nombre técnico de una extensísima y agotadora cuarentena), demostró estar a la altura de las circunstancias y abastecer con alimentos los mercados interno y externo, en un contexto económico muy complejo y con restricciones que implementaron varios distritos a la circulación de los trabajadores y del transporte de cargas.
En ese contexto, la Argentina logró aumentar sus exportaciones de carne vacuna y cerdos, entre otros rubros, acompañado de un incremento de los precios internacionales de la soja y los cereales, que en el mercado local la mayoría de los productores no pudo aprovechar por efecto de las retenciones y el desdoblamiento cambiario, dos de los principales problemas a los que el campo debió hacer frente.
El 2020 fue también el primer año de la presidencia de Alberto Fernández, debido al triunfo de una coalición electoral que determinó que en la Argentina gobierna un nuevo signo político, lo que planteó enormes desafíos en todo sentido. Productores y dirigentes advirtieron que hasta ahora no se logró generar confianza ni despejar dudas, en especial sobre el modo de gobernar el país y sobre las prioridades del oficialismo, que no parecen ser las mismas que las de gran parte de la ciudadanía.
Hasta ahora no se logró generar confianza ni despejar dudas, en especial sobre el modo de gobernar el país y sobre las prioridades del oficialismo
Dentro de la coalición de gobierno se delimitaron dos sectores diferentes en su relación con el campo y la agroindustria. Uno, encabezado por el propio Alberto Fernández, dispuesto a dialogar y que reconoce a ambos como actores estratégicos e impulsores de la recuperación y salida de la pandemia, y otro, con más presencia en el ámbito legislativo, cuyas iniciativas frenan la producción y la inversión y no generan confianza. El impuesto a la riqueza, los cambios en la Ley de Manejo del Fuego, los proyectos sobre Humedales y Agroquímicos, son algunos ejemplos de ese accionar.
Todo esto, sumado a que las instancias de diálogo no permitieron solucionar los principales problemas del campo, como la presión impositiva (con cambios este año en materia de retenciones), la falta de financiamiento y las mejoras de infraestructura, entre otros. Y la preocupación del campo por el avance del gobierno sobre la propiedad privada, mediante toma de tierras (en algunas de ellas con presencia de funcionarios nacionales y provinciales) y la intención de intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, un proyecto del que el presidente luego desistió, pero dejó sus huellas.
Una mención también a la gestión de Luis Basterra al frente del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Si bien demostró intenciones de dialogar con todos los actores del agro, durante el año la dirigencia rural manifestó su preocupación por la ausencia de medidas para hacer frente a los problemas, y la falta de poder de decisión del ministro para implementar políticas.
De todos modos, la actividad funcionó durante gran parte del año aplicando diferentes protocolos de prevención del coronavirus y afrontó incluso una situación climática adversa, con sequía en varias zonas productivas, además de nevadas históricas en gran parte de la Patagonia, afectaron en especial a la ganadería ovina.
A continuación, un recorrido de Infobae por 10 hechos destacados del sector agropecuario en 2020:
1) Inseguridad rural
Fueron muchos los casos a lo largo y ancho del país. En algunos, como en Misiones y Tucumán, hasta hubo que lamentar pérdidas humanas. Se registraron más de 150 casos de rotura de silobolsas, amén de robo de maquinaria y agroquímicos, robo y faena de ganado e incendios intencionales. Uno de los casos de mayor repercusión fue en el campo del Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Raedemaeker, en la localidad cordobesa de Oliva.
La mayoría de estos casos no tuvieron resolución por parte de la Justicia, y productores y dirigentes expresaron su preocupación porque desde las estructuras gubernamentales, salvo en algunos casos, no hubo condena ni repudio al avance delictivo sobre el sector agropecuario. La dirigencia rural también llamó la atención a diputados y senadores, ya que a lo largo del año se presentaron iniciativas para la prevención del delito rural, pero el período legislativo llega a su fin sin dictámenes para debatir y aprobar algunos de esos proyectos.
2) Usurpación de tierras
Otra de las derivaciones del crecimiento de la inseguridad rural a lo largo del presente año, fue la toma de tierras, con múltiples usurpaciones en la Patagonia y en otras zonas productivas del país, que generaron incertidumbre y preocupación en el mundo agropecuario.
Un caso resonante fue la usurpación al campo de la familia del exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere. Fue en el distrito entrerriano de Santa Elena y la usurpación la encabezó la hermana del ex funcionario, Dolores Etchevehere, con el apoyo del líder social, Juan Grabois, a fin de desarrollar un llamado “Proyecto Artigas” de producción agroecológica. Una Jueza de Paraná finalmente ordenó el desalojo.
El caso de Luis Miguel Etchevehere, en medio de una disputa con su hermana que ya lleva varios años de duración, tuvo su repercusión en el terreno de la política, especialmente por la presencia de funcionarios nacionales y provinciales dentro del campo tomado.
3) Clima adverso
El clima durante el presente año no fue un gran aliado del campo argentino, donde se conjugaron una fuerte y larga sequía en la franja central y norte del área agrícola nacional que condicionó de sobremanera la campaña de trigo, a lo que se sumaron heladas e incendios, y copiosas nevadas en la zona cordillerana y de la meseta patagónica, que afectó a la ganadería de la zona.
A este escenario de “extremos climáticos” y de déficit hídrico en vastas zonas del país se le sumó el fenómeno climático de La Niña con precipitaciones por debajo de la media histórica, que está llegando a su pico y que, según se prevé, se extenderá en los primeros meses del año próximo.
4) La agenda en el Congreso
En un 2020 muy particular para el desarrollo de la actividad legislativa, el tratamiento de proyectos vinculados al agropecuario no apuntó a incentivar a la producción y aumentar los niveles de inversión, sino a una agenda oficialista muy ligada a las cuestiones ambientales. Así lo reflejó un balance de la Fundación Barbechando, que sigue los temas del Agro en el Congreso de la Nación.
A partir de los proyectos que se presentaron en la Mesa de Entradas del Congreso, la Fundación relevó que la mayoría de las iniciativas tuvo como objetivo el resguardo del medio ambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. También hubo proyectos de protección de los humedales.
Los últimos proyectos sancionados como Ley recibieron el rechazo del campo: cambios en la Ley del Manejo del Fuego e Impuesto a la Riqueza, dos iniciativas promovidas por el Frente de Todos. Para el 2021, el oficialismo buscará avanzar con una nueva Ley de Humedales y otra de uso de agroquímicos.
5) Vicentin y el temor del campo por el avance sobre la propiedad privada
La intención oficial de intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, que desde febrero pasado se encuentra en Concurso de Acreedores y se tramita en los Tribunales de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, galvanizó al sector rural.
Hubo varias movilizaciones en Santa Fe y diversos lugares del país, en defensa de la propiedad privada y el presidente decidió dar marcha atrás. El reclamo de los productores y otros acreedores de la empresa para cobrar la deuda de Vicentin con cada uno de ellos se mantiene, tanto como se rechazó la iniciativa oficial.
Vicentin eligió un nuevo Directorio y semanas atrás fue intervenida por el Juez del Concurso, y por estos días la Justicia de Rosario investiga a los exdirectores por supuesta estafa. Una causa que derivó en un pedido al Banco Central de la República Argentina para congelar varias cuentas bancarias de la empresa, que advierte que por eso tiene dificultades para pagar salarios y aguinaldo. Además, el Juez Federal, Julián Ercolini, ordenó el embargo preventivo de los bienes inmuebles de Algodonera Avellaneda, una de las compañías del grupo.
6) Aumento de los precios internacionales y presión impositiva
En lo que a de 2020, el valor de la soja aumentó casi 110 dólares por tonelada en el mercado de Chicago, debido en parte al impacto de la sequía en la Argentina y Brasil y a la mayor demanda de China. También aumentó el precio de los cereales, en el marco de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
En el mercado local de la soja, analistas del mercado de granos sostienen que la mercadería disponible se ubica casi 100 dólares por tonelada por encima de lo presupuestado al momento de planificar la siembra, asegurando más de un 20% de rentabilidad sobre el capital invertido. Por otro lado, el relevamiento de noviembre pasado realizado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, denominado Ag Barometer Austral, reflejó una recuperación del índice de confianza de los productores agropecuarios, como consecuencia de una mejora de los niveles de rentabilidad que provocó la suba de los precios internacionales de soja, maíz y trigo y su impacto en la plaza local. También hubo un aporte de la baja de tasas de interés reales.
Pero 2020 fue otro año de alta presión impositiva para el agro, en especial para la soja, por aumento en sus retenciones, lo que impide al productor beneficiarse a pleno de la mejora de precios. Además, luego de varios meses de demora se implementó días atrás la devolución de retenciones a pequeños y medianos productores de soja. El último índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) señaló que el fisco argentino se queda con casi $60 de cada $100 de renta agrícola.
7) La relación del campo con el Gobierno
Hay coincidencia entre productores y dirigentes que hubo diálogo con ciertos sectores del gobierno, pero sin soluciones a los problemas de los productores. También se lanzaron críticas a Alberto Fernández por el incumplimiento de la promesa de campaña electoral, cuando afirmó que consultaría con el campo las medidas que se implementarían para el sector.
En medio del aumento de la presión impositiva, durante los inicios del año hubo asambleas, movilizaciones, tractorazos y hasta un cese de comercialización de granos y hacienda organizado por entidades de la Mesa de Enlace, a excepción de la Federación Agraria Argentina.
A lo largo del año fueron varios los desencuentros entre el gobierno y la dirigencia del campo, que sigue reclamando un Estado más eficiente y aliado de la producción agropecuaria, en vez de una confrontación permanente, con medidas que generan incertidumbre y y desincentivan la inversión.
8) El campo y su aporte a la sustentabilidad
Si bien muchos de los eventos del Agro se realizaron en modo virtual, no se perdió el eje del debate sobre la construcción de una producción agropecuaria cada vez más sustentable, amigable con el medio ambiente y que cuide la salud de la población y aplique buenas prácticas agropecuarias. Las empresas tampoco frenaron el lanzamiento de productos para impulsar el desarrollo tecnológico. Un hecho relevante, que provocó adhesiones y rechazos, fue la aprobación, mediante la Resolución 41/20, del trigo transgénico tolerante a sequía, denominado HB4. Fue desarrollado por la empresa Indear, conformada de manera mixta por el Conicet y Bioceres.
9) Aumento de las exportaciones
A pesar de los problemas de demanda que provocó la pandemia del coronavirus, la Argentina no perdió su presencia en el mercado internacional a través de la comercialización de alimentos, donde se destacaron los aumentos de las exportaciones de carne vacuna y carne porcina, entre otros rubros.
Según los datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), en los primeros 11 meses del año las exportaciones de carne vacuna aumentaron en volumen un 10%, totalizando 825 mil toneladas y generando ingresos por 2.510 millones de dólares, a pesar de una baja del precio internacional del 8% que repercutió negativamente en la facturación.
El especialista y consultor del sector porcino, Juan Luis Uccelli, dijo a Infobae que hasta noviembre las exportaciones de carne porcina marcaron un récord histórico, con 39.417 toneladas. Esto es, un crecimiento del 67,4% respecto a igual período de 2019. Según Uccelli, los despachos podrían cerrar el presente año en 42.000 o 43.000 toneladas.
Por último, el movimiento exportador está ahora frenado por una huelga de los gremios aceiteros y recibidores de granos en los puertos de salida, en reclamo de mejoras salariales. A la espera de una solución del conflicto, al martes próximo habrá una reunión en el ministerio de Trabajo entre los representantes de los trabajadores aceiteros e integrantes de la Cámara de la Industria Aceitera.
10) Conformación del Consejo Agroindustrial Argentino
En materia de representatividad del sector, se conformó el Consejo Agroindustrial Argentino. Una señal positiva teniendo en cuenta que ese espacio está conformado por 57 entidades de la cadena agroindustrial, desde donde se promueve un Proyecto de corto, mediano y largo plazo para aumentar los niveles de exportaciones y empleo en los próximos 10 años.
La iniciativa fue presentada al presidente Alberto Fernández, a su vice, Cristina Fernández de Kirchner, a miembros del gabinete nacional, gobernadores, funcionarios provinciales, y diputados y senadores del oficialismo y la oposición.
Sobre el final del año hay un trabajo en conjunto con el equipo económico, que registra avances muy pequeños en aspectos como la desburocratización de trámites para exportar y la redacción de un proyecto de Ley de desarrollo agroindustrial, que sería enviado al Congreso una vez que el Gobierno cierre el acuerdo con el FMI. El Consejo Agroindustrial no logró aún debatir en profundidad con el gobierno, por ejemplo, sobre retenciones y financiamiento, aunque el ministro Guzmán ya adelantó que no aplicará medidas que afecten la recaudación fiscal.