Dijo que los “piquetes” que construyen municipios y provincias son inadecuados y además están provocando accidentes. AGROVOZ

Redacción Agrovoz

La Mesa Nacional de Caminos Rurales se sumó al pedido que han formulado transportistas y productores agropecuarios para que los municipios y provincias que obstaculizan la circulación dejen de aplicar estas medidas restrictivas.
Ese fue uno de los principales ejes de debate durante la última reunión de la Mesa, que se celebró esta semana. 
“Las participantes expresaron su preocupación y hubo coincidencia acerca de que la decisión de varios municipios y provincias de realizar este tipo de bloqueos es absolutamente inadecuada”, subrayó la Mesa en un comunicado. 
También recordó que la libre circulación está garantizada por la Constitución y se quejó de que también hay muchas jurisdicciones que exigen sus propios permisos habilitantes, lo que genera aún más dificultades para el transporte de bienes y servicios.  
Peligro
Desde la Mesa recordaron además que estos obstáculos han producido accidentes viales, como el que ocurrió en el límite entre San Luis y Córdoba en La Paz, que le costó la vida a una persona. 
También hubo otro caso en Junín, Buenos Aires, a causa de un montículo ubicado a la altura de una escuela y que el municipio debió retirar un día después del accidente. 
“El miedo y el intento de proteger a la población de la pandemia son comprensibles. Sin embargo, se deben tener en cuenta varios aspectos, como el hecho de que, a raíz del confinamiento, personas que viven y trabajan en ámbitos suburbanos o rurales deben recorrer varias decenas de kilómetros extra y que, muchas veces, al intentar superar los mencionados obstáculos, se producen accidentes con desenlaces fatales”, enfatizó la Mesa.
Menos dinero
Por otro lado, también reclamó que en este marco de crisis económica y fiscal que generó la pandemia y la cuarentena, en muchas localidades y provincias los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento y las obras de los caminos rurales están sufriendo reasignaciones.
“Esos recursos tienen un fin específico por tratarse de fondos dentro de los impuestos inmobiliarios rurales o tasas viales que, por definición, deben ser una contraprestación por el servicio de mantenimiento de los caminos”, aseguraron.