En las últimas semanas han vuelto a ser noticia las usurpaciones de tierras en la Patagonia y la violencia perpetrada por grupos de autopercibidos Mapuches. El epicentro de los incidentes está en Villa Mascardi, El Bolsón y en cercanías de Vaca Muerta. AGROVERDAD

Por los hechos vandálicos que sufren los habitantes y los productores de la región, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) formularon un enérgico reclamo tanto al Gobierno Nacional como a la Justicia.
De esta manera, la entidad alzó una vez más la voz con duras críticas a las autoridades porque no le ponen un freno a los atentados contra la propiedad privada.
Gobierno y Justicia: ausentes
Desde CRA, emitieron un duro comunicado en el que reclamaron por el “sinnúmero de atentados, cortes de ruta, usurpaciones, incendios y delitos contra la propiedad, perpetrados bajo el supuesto amparo de una reivindicación Mapuche” que vienen ocurriendo en algunas zonas de la Patagonia.
Para la entidad, “ante la gravedad de los hechos, primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”.
Pero “tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos políticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales”, agregaron.
En este sentido, criticaron duramente al Gobierno Nacional al considerar que está “ausente de su rol institucional” al mismo tiempo que directamente lo acusaron de prestar, “por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos, mesas de diálogo, que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones”.
Con este accionar de las autoridades, sostienen que sólo se ha “consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada”.
Al mismo tiempo, CRA puso el foco en la ley 26.160 que “ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia, esto, en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos, que la aludida norma dispone”.
“La Patagonia y el país en su conjunto, reclama del Gobierno Nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos”, expresó la entidad ruralista.