La actividad agrícola no resiste el cambio permanente en las reglas de juego, se trata de un sector que debe asumir y convivir con el riesgo climático, con el riesgo de precios y, además, con el “riesgo gobierno”. Este último caso es el que impacta en las expectativas del productor a la hora de definir qué cultivo siembra y qué paquete tecnológico aplica.

El rumor del aumento de retenciones que surgió de los pasillos de la Secretaria de Comercio Interior es una muestra más de la incertidumbre permanente que generan este tipo de versiones y que impactan en las decisiones de siembra de los productores.

Tal vez la ignorancia de algunos funcionarios les impide analizar muy bien previamente las medidas que piensan implementar. La actividad agrícola es una actividad a cielo abierto que depende siempre del clima, se basa en la biología de las plantas, existe un proceso biológico de siembra, germinación de las semillas, desarrollo vegetativo, floración, madurez y cosecha. Todo este proceso tiene una duración de 4 a 5 meses dependiendo del ciclo de cada una de las variedades o híbridos que se utilicen. Una vez que el cultivo está sembrado el productor no se puede volver atrás. Por este motivo todo cambio en las reglas de juego una vez tomada la decisión de siembra impacta en forma negativa en el ingreso de los productores.

Al factor biológico hay que agregar el factor del mercado, viendo que en el caso del trigo 2021/2022 ya está registrado todo el saldo exportable. En consecuencia, un aumento de las retenciones no tendría ningún efecto ni en la baja del precio ni en la recaudación para el Estado. Para trigo de la próxima cosecha 2022/2023 ya hay registrados para exportar 8,2 millones de toneladas y quedan pendientes de registración 7 millones de toneladas.

En ese caso, si el Gobierno decidiera elevar las retenciones en un 3%, del 12 al 15%, el ingreso por retenciones adicionales sería solo de US$84 millones. Una medida de este tipo podría generar un cambio negativo en las expectativas de los productores, pudiendo disminuir la superficie de siembra o ajustar el costo de producción a partir del menor uso de tecnología, impactando en un menor ingreso de divisas y en una caída en la recaudación para el Estado.

En el caso del maíz 2021/2022 los exportadores ya declararon ventas por 27 millones de toneladas y podrían quedar 7 millones pendientes para registrar. Un 3% de aumento en las retenciones es equivalente a US$65 millones. Al igual que en el caso del trigo, se puede concluir que las consecuencias del daño de la medida, esto es por la menor área a sembrar y por la menor tecnología a aplicar, son mucho mayores que los beneficios adicionales que se pudieran obtener en materia de recaudación.

Hoy los mercados muestran una tendencia bajista para la nueva cosecha 2022/2023, en el caso del trigo la baja del precio entre el grano nuevo y el disponible es de US$20 por tonelada (de 385 a 365 dólares) y para maíz nuevo la baja en el precio respecto del disponible es de US$22 por tonelada (de 273 a 251 dólares).

Si el Gobierno piensa que aumentando las retenciones habrá una baja en los precios, debe tomar nota que el mercado ya está ajustando a la baja y si piensa que aumentará sus ingresos es muy probable que suceda todo lo contrario, por la menor superficie a sembrar y por la caída de rindes por menor uso de tecnología.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados