Se está desperdiciando “una gran oportunidad de sentarnos en una misma mesa todos los actores a discutir cuál es la forma de producir que nos conduzca como Nación a un desarrollo sustentable” y, por el contrario, “lo único que estamos logrando es seguir pateando la pelota para adelante”, expresó el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ing. Daniel Cavallin, en la nota editorial incluída en el Boletín Informativo de la entidad, distribuído en este mes de marzo. AGROVERDAD

El titular del CIAPC dedicó su columna de opinión a “algunos hechos significativos” que ocurrieron en las últimas semanas, que volvieron a poner al glifosato en el centro de la escena.
La Nota Editorial expresa:
En el transcurso de estas semanas ocurrieron algunos hechos significativos y que merecerían ser destacados.
Uno es la publicación de la Resolución 01/18 conjunta entre el Ministerio de Agroindustria y el de Ambiente, ambos de la Nación.
El otro es la sentencia de la Corte de La Haya a Monsanto condenándolos por Ecocidio.
En ambos hay un lugar común y es que subsiste la preocupación por este modo de producción, criticable y debatible, pero que en lugar de perder vigencia se profundiza cada vez más.
En uno se plantea la necesidad de sentarse a discutir sobre cuál sería la forma en la cual esta tecnología de producción cause el menor impacto posible en lo productivo, ambiental y también social, en tanto se pretende revertir la imagen negativa que determinadas prácticas agropecuarias generan en la sociedad.
En el otro se considera cosa juzgada sobre un único elemento en este juego: el glifosato. Pareciera que prohibiéndolo se solucionarían todos los problemas ambientales. Además, se deja entrever que acá concurren otros “intereses” que no son precisamente la defensa de la salud y del ambiente.
En definitiva, observamos que la discusión continúa centrada en un único elemento (los fitoterápicos, fitosanitarios, agroquímicos, agrotóxicos o como se lo quiera denominar) que resulta un insumo más en el proceso productivo.
En este juego, todos los jugadores creemos ser los más importantes pero al mismo tiempo nos hacemos los desentendidos (como en el juego del gran bonete) formando parte de una gran cadena de “irresponsabilidades” que, de seguir en esa lógica, no nos va a llevar a un sitio confortable sino todo lo contrario.
Hablemos solamente de la provincia de Córdoba.
La expansión agrícola nos llevó de una superficie de poco más de un millón de hectáreas en la década del ´80 a cerca de ocho millones de hectáreas en la actualidad.
Si bien es cierto que esta expansión permitió el incremento de las industrias metalúrgicas, agroalimentarias y de un cierto desarrollo en zonas que antes parecían inviables, no es menos cierto que este modelo (combinado con políticas agropecuarias profundamente equivocadas) llevó a una desaparición cercana al 38 % de las explotaciones agrarias (*1) (en el total del país de los 421.221 EAP’s la cantidad se redujo a 276.581 en el año 2007).
Hoy tenemos una concentración en la producción de soja del 80 % en manos de un 15 % de los productores, y una desaparición importante del stock ganadero y de la cantidad de tambos.
Desde 1993 a 2014 la provincia de Córdoba perdió 2.959.848.144 kilogramos de Carbono de los suelos agrícolas (*2) . Esta cantidad, llevada únicamente a valores de reposición de nitrógeno vía urea, nos arroja una cifra de U$S 2.883.170.771 (*3) .
Dicho esto, queda en franca evidencia que la discusión, si la centramos en las distancias de aplicación o en la simple prohibición de tal o cual producto, carece de sentido.
Creemos sinceramente que de esta manera lo único que estamos haciendo es desperdiciar una gran oportunidad de sentarnos en una misma mesa todos los actores a discutir cuál es la forma de producir que nos conduzca como Nación a un desarrollo sustentable, y lo único que estamos logrando es seguir pateando la pelota para adelante.
Y en este juego los jugadores somos muchos: la sociedad “ciudadana” (por llamarle con algún nombre para no incluir las sociedades “rurales o agrarias”), los productores o usuarios responsables, los dadores de tierras o arrendadores, los aplicadores (incluyendo en esta categoría no solo a los propietarios de máquinas sino a sus trabajadores), los profesionales(específicamente los Ingenieros Agrónomos)y el poder público, es decir los Gobiernos (quizás mal denominado Estado ya que esta palabra involucra una concepción mucho más amplia que los propios Gobiernos) en todas sus jurisdicciones.
Y acá es importante definir la cadena de “responsabilidades”. Todos somos Estado (o una porción del mismo), con nuestros derechos y obligaciones, y en esto:
> Sociedad “ciudadana”: Empoderarse del discurso ambiental (no ambientalista)y comenzar a formar parte en la discusión del modelo productivo en su conjunto. No alcanza con la protesta. Hace falta informarse, comprender y formar parte.
> Productores: Trabajar cada vez más en conjunto con los profesionales en la implementación de procesos productivos. Cumplir y exigir el cumplimiento de las leyes vigentes. Simplemente con eso alcanza para deslindar toda responsabilidad.
> Aplicadores: Habilitar su máquina, tener un operador habilitado, exigir que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene y exigir la receta fitosanitaria para aplicar.
> Profesionales: Profesionalizar la Profesión. Trabajar mano a mano con los productores en la implementación de procesos productivos. Los insumos pasan, los procesos quedan. Dejar constancia de cada una de las recomendaciones, a partir del diagnóstico (anamnesis como dicen los médicos). Si hay que hacer un tratamiento fitosanitario entregar la receta correspondiente. Entender que la “profesionalización” de la tarea del Asesor corre por exclusiva cuenta de los Profesionales.
> Gobierno: Córdoba a partir del año 2017 inauguró una plausible experiencia como son las BPA’s. Una excelente iniciativa que busca en definitiva acercar la ciencia, la práctica y la política para lograr un mejor resultado global. Y cuando decimos global nos referimos a colocar en la balanza absolutamente todos los costos y beneficios que lleva un proceso productivo. Hay que profundizar esta política. Es bueno premiar a quien hace las cosas bien pero también es importante castigar a quienes hacen las cosas mal.
La fiscalización en el cumplimiento de las leyes es la pata más importante en la ejecución de las políticas de Estado, y las leyes son una expresión de esas políticas. Ley que no se fiscaliza puede ser una brillante expresión de deseos pero no es más que eso. Creemos que debemos intervenir todos los actores en busca de generar los consensos necesarios que conlleven hacia esa meta.
Las leyes están, son muchas y-en general- muy buenas. Algunas, como la 9164 (de productos químicos y biológicos de uso agropecuario) seguramente deben someterse a revisión en aquellos aspectos en los que la aplicación misma de la ley puso en evidencia que hay que modificarlos. Comencemos, entre todos, a elaborar los consensos que nos lleven a construir la foto de lo que queremos sea nuestra provincia para el año 2050. Nuestros hijos y nietos, agradecidos.
(*1) https://www.lanacion.com.ar/1192524-el-censo-agropecuario-confirmo-la-desaparicion-de-57000-explotaciones
(*2) Cálculos propios en base a datos de Estadísticas productivas del MAGYA Córdoba: http://magya.cba.gov.ar/Umsiia.aspx#anterior
(*3) Tomando como referencia un precio base de U$S 0,46/Kg. De Urea 46 %