08/10/2020

El futuro de Vicentin, una partida de póquer que se definirá en 2021

El directorio intenta mostrar señales al mercado, pero los bancos extranjeros -con poder de veto sobre el concurso- se mueven con mayor sigilo. AGROFY NEWS
 

La crisis de Vicentin no se resolverá en función de lo que se publique en los medios, pero es allí donde se desarrolla la pelea por su futuro. La propia empresa, sus acreedores y las diferentes partes interesadas decidieron jugar esta semana algunas cartas, en lo que bien puede definirse como una partida de póquer de largo aliento. Mientras la agroexportadora intenta dar señales al mercado, los bancos extranjeros -que tienen poder de veto en el concurso preventivo- muestran los dientes y le cierran los caminos. En paralelo, nuevos actores emergen y hacen su esfuerzo para participar de la discusión.

La última jugada de Vicentin fue hacer oficial la contratación del banco de inversión estadounidense Maxim Group para conducir su futura venta. Según dijo en un comunicado, la firma extranjera es una de las líderes en el segmento de “empresas de capitalización mediana”, llevando ejecutados durante 2020 alrededor de 150 mandatos por más de 6.000 millones de dólares. Fuentes del mercado aseguraron que la conexión fue generada por el estudio porteño DLA Piper, contratada desde el inicio del default para acompañar el proceso de reestructuración.

Al igual que en otras ocasiones, los acreedores financieros internacionales (que detentan un tercio del pasivo) le bajaron el precio a la movida, al cuestionar la poca experiencia de Maxim Group en el negocio agropecuario. Es más, hasta dejaron trascender que la agroexportadora había ido a buscar a firmas de mayor prestigio, como JP Morgan. Entienden que el único objetivo del comunicado fue patear la pelota hacia adelante.


La reacción no sorprende, teniendo en cuenta que la relación entre la concursada y su principal acreedor (si se considera a los bancos extranjeros como un único grupo) está absolutamente desgastada. Ello choca de bruces con cualquier posibilidad de venta, que debe dirimirse exclusivamente en el marco del expediente judicial, sobre el que los bancos tienen poder de veto.

Tanto en el off the record como en el diálogo con algunos acreedores comerciales, los referentes de Vicentin afirman que su idea es reestructurar la empresa antes de fin de año. En ese tren, aseveran que el nuevo directorio que asumirá la semana próxima funcionará por poco tiempo y tendrá un función de “transición”. Aspiran a lograr un acuerdo con alguno de los tres grupos de inversores con los que vienen hablando desde que se inició la crisis. En esa línea hay que entender el por qué del comunicado sobre la contratación de Maxim Group.

Para el resto de los jugadores del póquer, la situación se resolverá recién el año próximo. “El tiempo de definiciones será en 2021”, aseveró en declaraciones a Rosario3 Fernando Jurado, CEO del Grupo Olio, que hizo trascender el interés de su empresa para controlar Vicentin, a partir de una alianza estratégica con un importador chino.

En la misma línea se mueven los bancos internacionales, cuya propuesta de fideicomiso fue anunciada varias veces como “inminente”, pero en realidad se está cocinando a fuego lento. “Esto es un trabajo que tiene que ser en conjunto con todos los acreedores. Hay que trabajarlo de forma seria y sustentable”, dice por lo bajo uno de sus referentes. Con espalda para aguantar, a los bancos no les interesa tanto el plazo de resolución, sino la mejora de las condiciones de devolución de sus créditos. Nada los apura a cerrar un acuerdo si entienden que en el futuro podrán obtener otro superior. Sobre todo en función de su poder de fuego en la convocatoria.

Mientras tanto, Vicentin sigue sobreviviendo gracias a los contratos de fason, que le permiten mantener los sueldos al día y sin oxidar sus máquinas. En esa línea, previendo que nada cambiará cuando el 2020 deje paso al 2021, presentó recientemente un pedido al juez Fabián Lorenzini para renovar el acuerdo con Grupo Olio, que le mantiene activa su planta en San Lorenzo. El contrato se extendería durante todo el año próximo y le reportaría ingresos por entre 80 y 100 millones de dólares. El piso que establece el acuerdo es de 3,5 millones de toneladas de soja y medio millón de toneladas de girasol por todo concepto (crushing y molienda). Asimismo, aunque supeditado a la coyuntura, podrá sumarse la tarea de refinado para su posterior venta en el mercado doméstico.