No aumentar la presión impositiva sobre los sectores productivos fue el argumento que atravesó a casi todos los bloques. El diálogo del agro con la política, la búsqueda de consensos y medir el impacto fueron las claves para evitar una nueva suba de derechos de exportación. Sin embargo, el debate sigue abierto: ¿Habrá llegado la hora de discutir en serio su total eliminación?

Acá parece que no hubo grieta: peronismo, kirchnerismo, radicalismo, federales, provinciales, todos coincidieron que los derechos de exportación eran un mal impuesto y que, al contrario de las proyecciones del gobierno, iban a terminar por dinamitar al interior productivo.

Y parece que el mensaje llegó y la oposición, por sí misma y potenciada con sus gobernadores, logró frenar una nueva suba de derechos de exportación. Pero alcanzar el resultado fue un trabajo del agro que dejó varias enseñanzas. 

Medir impactos

Con el federalismo como principal bandera, gremiales, cámaras, exportadores, fundaciones vimos la necesidad y urgencia de visibilizar el daño que generan los derechos de exportación y el riesgo que podía significar para la economía del interior productivo.

Así, más de cuarenta instituciones con algún vínculo con la agrobioindustria tuvieron voz en el plenario de comisiones donde se debatía la ley bases y principios. Con ejemplos locales y experiencias personales lograron apelar a los legisladores y dieron el golpe de efecto. 

Diálogo agro - política

Superada la instancia de posicionamiento público, se abrió una nueva veta: trabajar con los legisladores, mano a mano, para generar contrapropuestas y alertas.

A contrarreloj, el agro acercaba números que proyectaban el impacto negativo de la suba y la certera partida de defunción de varias economías regionales, para que los legisladores, como representantes del pueblo, fueran la voz de esos reclamos.

Acuerdos

Más allá de las diferencias de las cadenas agroindustriales, el agro supo debatir orgánicamente, integrarse y encontrar coincidencias para que los productores de maní, vid, alfalfa, azúcar, industria forestal, biocombustibles y otros encontraran una causa común: liberar las trabas de un sector que representa el 25 % del PBI, 4,5 millones de empleos y 7 de cada 10 dólares que ingresan al país. 

¿Cómo seguimos?

Con cada cambio de gobierno y luego, en cada proyecto de presupuesto se revé la posibilidad de una suba de los derechos de exportación o una delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo siga digitando su destino. 

No podemos patear más la pelota para adelante. Llegó el momento de un debate de fondo:  Argentina necesita eliminar impuestos y aumentar exportaciones y esa decisión debe recaer en el Congreso de la Nación, por mandato constitucional y representatividad del pueblo y las provincias.

El déficit fiscal cero seguirá siendo la meta, pero hay que repensar el sistema: los impuestos a la producción sólo terminan desincentivando el desarrollo y el crecimiento económico; en otras palabras: el bienestar de los argentinos.