Desde la representación que alcanzó en el Congreso nacional en 2009, cuando en las elecciones de ese año logró colocar 10 diputados afines, el sector agropecuario no ha tenido en el Poder Legislativo peso específico. Aunque, vale la pena aclarar, tampoco en ese momento logró con esa representatividad imponer condiciones políticas.

El último año legislativo no fue la excepción. Con una agenda impuesta por el Poder Ejecutivo y con algunos temas instalados por la opinión pública, el sector siguió sin poder captar voluntades para convertir en leyes temas vinculados con su desarrollo productivo. Es por ello que, año tras año, proyectos relacionados a una nueva ley de semillas o al incentivo para el uso de fertilizantes no logran tratarse en el recinto.

Con la irrupción del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), desde mediados de año, y a partir de la buena relación entablada por sus interlocutores con el Gobierno nacional, las expectativas de un mayor protagonismo del agro en el Congreso comenzaron a tomar fuerza. Sin embargo, el objetivo del consejo, que conforman más de 50 entidades de la cadena agroindustrial, de tener una ley a 10 años que estimule el comercio exterior y las inversiones todavía no encuentra el plafón político necesario. Nadie duda de que el éxito de esa iniciativa deberá tener, en primera instancia, el sello del Poder Ejecutivo.

El balance legislativo 2020 para el agro ha sido deficitario. La sanción del denominado “impuesto a la riqueza” y la modificación a la ley de manejo del fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años, son interpretadas por productores y dirigentes rurales como perjudiciales para la actividad y que agravan aún más sus condiciones.

“Este año hubo una alta presentación de iniciativas vinculadas al resguardo del medioambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. En la misma línea afloró una batería de proyectos para la protección de los humedales”, precisa la Fundación Barbechando, una entidad que desde 2008 sigue de cerca la actividad legislativa vinculada al agro.

Poco peso

Como aspecto positivo para el sector, la Fundación identifica dos acontecimientos que se tradujeron en demandas legislativas: el intento de expropiación de la empresa Vicentin y los hechos de vandalismo contra los silos bolsa. “En ambos casos, oficialistas y opositores se hicieron eco de la demanda de los productores y presentaron sus propias iniciativas para establecer una regulación”, observan desde Barbechando.

En la columna del haber, los logros legislativos del agro se cuentan por mitades, ya que varias iniciativas tratadas quedaron a mitad de camino por la falta de aprobación de algunas de las cámaras. En esta situación están la prórroga a la ley de promoción de los biocombustibles, el etiquetado de alimentos y el aumento de mensualidades y un régimen jubilatorio especial para viñateros. “La emergencia citrícola y la modificación del régimen federal de pesca fueron la excepción a la regla ya que, ambas, alcanzaron a convertirse en ley”, indicaron desde la Fundación.

En un año electoral, es probable que al calendario legislativo 2021 lo siga imponiendo el Poder Ejecutivo. Resta por saber cuál es la fortaleza del CAA para poder generar contenido en el Congreso.

De lo contrario, iniciativas claves para el desarrollo del sector seguirán cajoneadas y alejadas de cualquier prioridad política.