La participación del Estado en la renta agrícola creció hasta el 62,6 por ciento, según Fada. El 94 por ciento de lo que se cobra son impuestos nacionales, pero la gran mayoría no se coparticipa. AGROVOZ

Redacción Agrovoz

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) difundió este martes su índice trimestral de participación del Estado en la renta agrícola.
Con los datos actualizados a marzo de 2021, Fada asegura que el indicador creció del 59,2 por ciento de diciembre pasado, al 62,6 por ciento, en el promedio nacional.
Pero al analizar cada grano en particular, la situación difiere: mientras el girasol tiene solo un 46,6 por ciento de participación del Estado, y el maíz 52,3 por ciento; en la soja la incidencia llega al 66,9 por ciento, y en el trigo a 70,9 por ciento.   “Esto se explica por varios factores: aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes; baja del precio disponible del trigo; y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía”, explicó David Miazzo, economista jefe de Fada.
Sin federalismo
Un dato interesante del reporte de Fada es cuando analiza a dónde van a parar los impuestos que paga el campo.
En primer término, el 66,8 por ciento son impuestos nacionales no coparticipables; principalmente, derechos de exportación y el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (Cheque). 
Es decir, que dos de cada tres pesos que aporta el campo no vuelven a las provincias.
El resto sí: 27,5 por ciento son impuestos nacionales coparticipables (Ganancias y saldos técnicos de IVA), cinco por ciento son tributos provincias y apenas 0,6 por ciento ingresos municipales por tasas.
Cepos nocivos
Como otro aspecto de análisis relevante, Fada señala los problemas que generan dos “cepos” que pesan sobre la economía argentina: el cambiario y el importador.
“El problema es que la brecha cambiaria que genera el cepo cambiario genera incentivos a adquirir bienes dolarizados e importados, lo que choca con una menor oferta como consecuencia del cepo importador. Así, los productos importados tienen mayor demanda y menor oferta. La consecuencia lógica es un incremento de precios, no sólo de los productos importados, sino también de sus sustitutos locales”, describió Miazzo.
En la agricultura, el resultado es el progresivo aumento de precios, que comienza por algunas autopartes y repuestos para vehículos y maquinaria y luego se va extendiendo a fertilizantes y fitosanitarios. Para Miazzo, este problema es uno de los principales temas a monitorear durante el 2021 ante un cepo importador que parece profundizarse. 
“Lo anecdótico es que, por falta de dólares, pierde competitividad el sector que genera siete de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones”, concluyó el economista.