El escenario. Por Cristian Mira | LA NACION

Detrás del primer combate cuerpo a cuerpo entre los militantes de La Cámpora y los ruralistas, ocurrido ayer en La Plata, hay una realidad productiva poco favorable para el agro.

La feroz sequía que afectó a gran parte de la pampa húmeda a fines del año pasado provoca una caída en la cosecha de soja de unos diez millones de toneladas, según las estimaciones de los técnicos. En maíz, las pérdidas llegan a ocho millones de toneladas.

Los buenos precios que exhibe la soja en Chicago no llegan a compensar las caídas de los rendimientos de los cultivos. Y Buenos Aires es la principal provincia de soja, por encima de Córdoba y Santa Fe.

A la falta de lluvias, que no es responsabilidad del Gobierno, se le suman las restricciones para vender trigo. Por decisión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el comercio está regulado y desde hace seis años los productores reciben un precio inferior al del mercado. En esta campaña, por las dificultades para vender el trigo, muchos productores prefirieron dárselo de comer al ganado. Otros todavía lo tienen guardado en sus silo bolsas. Y Buenos Aires es la principal provincia triguera, con el 60 por ciento de la producción. Este intervencionismo hace que para la actual campaña agrícola muchos productores desistan de sembrar trigo y se vuelquen a otros cultivos como la cebada, la colza o el garbanzo. .

El agro, además, también está afectado por las dificultades que atraviesan otros sectores de la economía. El aumento de los costos, la inflación y la pérdida de competitividad del peso respecto del dólar están provocando una desaceleración de la actividad.

En ese escenario, que los gobiernos provinciales elijan al campo como fuente de recursos para llenar los agujeros fiscales provoca malestar entre los productores. Y más aún si la reforma propuesta en Buenos Aires derivará, como creen los dirigentes rurales, en un aumento de la transferencia de ingresos a la Nación.

VOLVER A VIVIR

Hace cuatro años, el campo sorprendió al país cuando se opuso a un aumento de impuestos decidido por la presidenta Cristina Kirchner. A partir de ese conflicto, el ruralismo, que hasta entonces había hecho protestas esporádicas, se convirtió en un actor político que parecía representar el malestar de una parte de ciudadanía contra el Gobierno.

Ese protagonismo se fue diluyendo y llegó a su punto mínimo en las elecciones presidenciales de 2011, cuando en la mayor parte de los distritos del interior del país el voto se inclinó en favor de la reelección de la Presidenta.

Muchos interpretaron que el campo ahora votaba con el bolsillo y se olvidaba de los principios. Sin embargo, la dirigencia rural replicaba que los productores, en su mayoría, seguían oponiéndose al kirchnerismo. Reconocía, eso sí, que en los pueblos la gente votaba por el Gobierno porque creía, entre otras cosas, que su situación económica era mejor. Paradójicamente en eso tenía mucho que ver la soja, el producto que genera mayores ingresos en el sector agropecuario. Entre 2009 y 2011, el precio promedio de la oleaginosa se incrementó en un 23,6 por ciento. En términos de la vida real eso se traduce en que se vendan más autos o se construyan más casas.

Pero esa realidad, con la crisis, ahora parece estar cambiando. Y los productores están tratando de convencer a la dirigencia política que ellos no están en condiciones de seguir financiando la fiesta.