La diputada Diana Conti reconoció que ésa es una posible aplicación de la reforma que esta madrugada se aprestaba a convertir en ley el kirchnerismo; fuertes cuestionamientos en el debate
Por Gabriel Sued | LA NACION


En una sesión extenuante, la Cámara de Diputados avanzaba anoche en la aprobación de la reforma de la ley de abastecimiento, cuya sanción estaba prevista para la madrugada de hoy, con los votos del oficialismo y de sus aliados habituales y el rechazo de toda la oposición.

Resistida por las grandes empresas y apoyada por las pymes, la iniciativa de "regulación de las relaciones de producción y de consumo" se sancionará como parte de un paquete de tres leyes de "defensa del consumidor". Incluye también la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial para resolver los reclamos de los consumidores, que abre una instancia de mediación obligatoria y gratuita entre los usuarios y las empresas.

Sancionada en 1974, la ley de abastecimiento otorga amplias facultades al Estado -como el establecimiento de márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos de precios- para intervenir ante casos de abusos de posición dominante en el mercado, entre ellos la elevación "artificial o injustificada de los precios" y la obtención de "ganancias abusivas".

La reforma impulsada por la Presidenta acota las facultades de intervención estatal previstas en la ley actual, eleva las multas y elimina las penas de prisión. Da la pauta, al mismo tiempo, de que el Gobierno planea usarla más seguido como herramienta para combatir la inflación, que, a juicio del Poder Ejecutivo, es producto de la concentración económica en determinadas etapas de la cadena de producción.

"Estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a usuarios y consumidores. Quienes buscan en ellas instrumentos de represión de algunos de los actores del mercado se equivocan", sostuvo, en el inicio del debate, la diputada Diana Conti, miembro informante del oficialismo. "Decirles que si acopian materias primas que son para satisfacer necesidades básicas y lo hacen con un afán de lucro desmedido para interferir en el mercado-agregó Conti, en una pista de cómo podría usarse la ley- y va el Estado y les dice, «señor, por esto usted tiene una multa y tiene que disponer la mercadería» ustedes griten que eso es inconstitucionall", señaló Conti acerca de la doble vara de la oposicion para denunciar la inconstitucional de la ley.

A continuación, el kirchnerista Juan Cabandié negó que se tratara de una ley antiempresaria. "Hay diputados que están faltando a nuestra Constitución porque ponen en duda el rol del Estado, como si fuera un obstáculo. El Estado tiene la obligación de corregir las distorsiones del mercado", manifestó, ante un recinto semivacío, como permaneció durante toda la jornada.

Uno después de otro, los principales bloques opositores ametrallaron la nueva ley: pusieron en duda su constitucionalidad, afirmaron que establece una intervención estatal "excesiva", que otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Comercio y que ahuyentará la inversión. Desde la izquierda afirmaron que, pese a contar en la actualidad con las herramientas legales suficientes, el Gobierno no había combatido la concentración económica. Unos y otros coincidieron en que no servirá para controlar la inflación.

"Esta ley es irrazonable y contraproducente para el objetivo que persigue el Gobierno, pues ahuyentará la inversión. Esto constituye un error estratégico grave", dijo José de Mendiguren (Frente Renovador), ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Esta ley somete a toda la actividad económica a la sanción y apriete arbitrario y discrecional de los funcionarios", coincidió Federico Sturzenegger (Pro).

El Partido Socialista sumó argumentos contra la reforma. "Éste no es el Estado que regula, es el gobierno de turno que coloniza al Estado a favor de un proyecto político. No tiene nada que ver con la democracia en la economía", sostuvo Alicia Ciciliani. La radical Patricia De Ferrari afirmó que "la ley pinta para ser una herramienta de política económica más que para defender a los consumidores" y cuestionó que las facultades de control y sanción se concentren en un solo funcionario. "Estamos frente a una «santa inquisición comercial»", dijo. A su turno, Lozano pidió escapar de la que plantea el Gobierno.

Al cierre de esta edición, la discusión se prolongaba y los argumentos se repetían. El Frente para la Victoria no tuvo inconvenientes para reunir el quórum, lo que anticipaba una votación cómoda.

LA OPOSICIÓN, ENTRE LA CRÍTICA Y LA DENUNCIA

Federico Pinedo

Diputado Pro

"Esta ley le da carta blanca al Gobierno para apretar a los empresarios, y así no se crece ni se genera trabajo ni inversión, que es lo que nuestro país necesita"

Pablo Javkin

Diputado Coalición Cívica

"La norma será un retroceso en la defensa de los consumidores del interior del pais, que deberán ir a litigar a tribunales nacionales"

Néstor Pitrola

Diputado Partido Obrero

"Esto es un taparrabos para disimular la responsabilidad del Gobierno en la desorganización económica y la caída del poder adquisitivo de la población"

Felipe Solá

Diputado Frente Renovador

"Esta ley es una medida defensiva en un contexto de caída de la economía y falta de credibilidad, que no servirá para bajar la inflación"

Mario Barletta

Diputado UCR .

Del editor: cómo sigue. La norma le permitirá al Gobierno contar con una herramienta vital de disuasión, más allá de su voluntad real de utilizarla