La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó este martes el recurso extraordinario interpuesto por Vicentin para que el caso llegue al máximo tribunal nacional. Con esta resolución, queda firme el fallo dictado en febrero que anuló la homologación del acuerdo concursal alcanzado por la agroexportadora con un grupo de acreedores, y se ratifica el reenvío del expediente a un tribunal subrogante para dictar una nueva sentencia.

En el escrito, los jueces provinciales argumentaron que el recurso federal presentado por la empresa no cumple con el requisito de “sentencia definitiva o equiparable” exigido por la Corte nacional, descartando que se trate de un fallo que cause un daño irreparable. Según la resolución, los argumentos de Vicentin se basaron en “meras conjeturas” y “escenarios hipotéticos”, como la eventual quiebra, la pérdida de contratos y el cierre de plantas, sin demostrar que los agravios fueran de imposible reparación ulterior.

Además, el tribunal consideró que no se configura una “gravedad institucional” que justifique abrir la instancia federal, como había planteado la concursada. “La mera mención de la cantidad de actores involucrados y la posición en el mercado que posee la empresa no resulta suficiente per se para tener sin más por configurada la causal de excepción”, expresaron los jueces.

Qué significa esta decisión para la causa

Con este revés judicial, queda firme la sentencia del 18 de febrero pasado, en la que la Corte santafesina había hecho lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el acreedor Commodities S.A. y anulado el fallo que había homologado el acuerdo con acreedores. En ese fallo también se cuestionaba el trato desigual entre acreedores, la falta de categorización y la presunta arbitrariedad en la valoración de los porcentajes de recupero.

Ahora, el expediente vuelve a foja cero. El tribunal subrogante deberá dictar una nueva sentencia sobre la homologación. Pero el escenario es otro: con la homologación anulada y sin nuevas propuestas aceptadas, se habilita de manera concreta la posibilidad de ingresar en un proceso de cram down, donde terceros interesados podrían presentar ofertas para quedarse con la empresa.

Intervención judicial

El fallo de la Corte se conoce el mismo día de otra medida de alto impacto: el juez del concurso, Fabián Lorenzini, ordenó la intervención total de Vicentin y desplazó al directorio, que estaba encabezado por Estanislao Bougain. En su lugar se designó un órgano colegiado de tres interventores, con representación judicial y de la sindicatura, que asumirá la administración completa de la empresa, con amplias facultades para gestionar la operatoria, renegociar deudas, revisar contratos y garantizar el cumplimiento de obligaciones salariales y comerciales.

Según la resolución, la medida apunta a "preservar la empresa como unidad económica en funcionamiento y proteger los derechos de los trabajadores, acreedores y terceros vinculados a la operación". El juez sostuvo que era “ineludible” avanzar con esta decisión ante el estado de gravedad institucional y económica, el deterioro operativo y “la falta de medidas concretas por parte del órgano de administración para afrontar la situación crítica”.

Un presente operativo frágil

A pesar de la reactivación parcial, Vicentin mantiene una deuda posconcursal de más de u$s30 millones, enfrenta una causa penal por estafa y asociación ilícita -con varios exdirectivos detenidos- y continúa en un contexto operativo inestable. La planta de San Lorenzo, clave para el procesamiento de soja, sigue sin funcionar y requiere grandes volúmenes de materia prima que hoy no están garantizados.

Desde la empresa insisten en que el fallo que anuló la homologación “pulverizó el plan operativo 2025” y que, sin la confirmación de ese acuerdo, no ingresarán los fondos de los inversores estratégicos (Bunge, ACA y Viterra). Además, advirtieron que la incertidumbre judicial ahuyenta a los posibles clientes para nuevos contratos de producción.

En la última presentación, Vicentin sostuvo que la decisión de la Corte santafesina “conlleva a que la empresa quiebre”, y que el fallo “repercute en los empleos y en la posibilidad de cumplir con sus acreedores”. Pero esas afirmaciones fueron descartadas por los jueces como escenarios no comprobados.

Lo cierto es que la decisión de hoy marca un antes y un después en la causa Vicentin. Con la homologación anulada, el directorio desplazado y una intervención judicial en marcha, el futuro de la compañía queda más que nunca en manos de lo que pueda resolverse en una nueva sentencia o en una instancia de cram down que hasta ahora parecía lejana y hoy es casi inevitable.