El reclamo de los productores agropecuarios contra las retenciones se agudizó frente a las pérdidas de rendimiento provocadas por la ola de calor y sequía que sufrieron la soja y el maíz durante diciembre y la primera quincena de enero. 

“¡No queremos subsidios!, pedimos la inmediata eliminación de las retenciones”, afirmaron desde la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA), el nucleamiento de ruralistas de distintas regiones del país que viene presionando a las entidades de la Mesa de Enlace para endurecer la postura frente al Gobierno.

En efecto, en la asamblea realizada en Armstrong, Santa Fe, el sábado 8 de este mes, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, le pidió al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción”.

En ese contexto, y acompañado por el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y el consejero de Coninagro por Santa Fe, Lucas Magnano, el titular de las SRA plantó una posición que sería impulsada en el Congreso este año.

Difícilmente entre en el temario deConstitución Nacional, las retenciones a la exportación solo pueden ser exigidas por ley del Congreso. No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al Tesoro nacional”.

Desde la SRA exhortaron a las autoridades nacionales a “asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante”.

Proclamas y proyectos legislativos

Desde principios de enero, varios diputados impulsan esa posición. Más de 20 legisladores nacionales, del PRO y de La Libertad Avanza, el bloque que preside Javier Milei, presentaron un proyecto para que no puedan fijarse por decreto.

La iniciativa busca derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, que establece la posibilidad de que el Ejecutivo pueda modificar los derechos de exportación (DEX), en contradicción con los artículos 4, 9 y 17 de la Constitución Nacional, en los que se establece que el Poder Legislativo es el único con posibilidad de establecer impuestos.

La propuesta del diputado nacional del PRO y productor bonaerense, Pablo Torello, establece una disminución gradual, hasta llegar a la quita total, de los derechos de exportación (DEX) a la producción agropecuaria. El proyecto del legislador impulsa una quita paulatina del 0,25% mensual, es decir un acumulado del 3% anual, hasta la desaparición del tributo. Salvo durante el primer año, que bajaría 5% para la soja y 3% para el trigo y el maíz.

Así, durante los primeros 12 meses de implementación, la oleaginosa pasaría a pagar un 28% y ambos cereales un 9%, teniendo en cuenta los niveles actuales. En tanto, esa carga fiscal sobre la soja desaparecería por completo en 2028.

Por su parte, el diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, propuso en redes el impulso de “una ley para eliminar las retenciones en cuatro años, financiadas con una reducción del 25% en los giros por coparticipación a provincias (las que más ponen son donde más retenciones paga el agro) que, su vez, deberían bajar el gasto un 15% (de una vez y para siempre)”. Una alternativa que también contempla es que la reducción sea de aproximadamente 4% acumulativo anual durante cuatro años.

El concepto de la propuesta de Espert es devolver a las provincias los recursos que el Estado Nacional retiene por derechos de exportación, y compensarlo con un menor giro por coparticipación que la administración central devuelve a las jurisdicciones del interior federal. Es una manera de evitar la intermediación, y que los recursos queden en cada provincia a través de los productores. Eso implica también reducir la intervención estatal, porque el sector privado dispondría de la renta sin injerencia de las autoridades públicas.

También podría haber demandas en la Justicia

Desde la Rural aseguran que contemplan eventuales demandas en la Justicia. “Si las autoridades políticas no fuesen capaces de cumplir sus roles constitucionales, serán los jueces de la Nación quienes deberán honrar su papel como custodios de la Constitución y de las reglas comunes de convivencia democrática. Solo mediante una decisión adoptada, luego de un debate abierto y responsable, por el Congreso, será legítimo obligar a los contribuyentes a destinar un parte sustancial de su trabajo y de su esfuerzo para el sostenimiento del Estado y de un proyecto común de país”.

Ahora, los autoconvocados también pidieron la “unificación del tipo de cambio”. Y consideran “necesario que se articulen los medios para que se trabaje en una reforma impositiva donde el Estado recaude sobre las ganancias y no sobre el bruto producido”.

Además, enfatizaron que “una campaña como ésta deja en el camino a miles de productores, sobre todo a los pequeños, que no tiene el respaldo suficiente para enfrentar esta situación dramática”.