En el marco de una relación cada vez más tensionada, la posible modificación de la Ley del Manejo del Fuego podría hacer nacer un nuevo frente de conflicto entre el ruralismo y el gobierno nacional.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió este miércoles un duro comunicado en el que se quejó de los cambios que se pretenden introducir en la normativa, y que convertirían a los productores víctimas de incendios en sus campos, en victimarios.

“Se generan sanciones gravísimas para los productores titulares de la tierra que sufren un incendio, que se suman al hecho de ver quemados sus campos. El proyecto en cuestión no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio; es decir, se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble”, reclamó CRA.

Sobre este punto, protestó también porque observa una “manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo un supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”.

Para CRA, “cuesta entender la razonabilidad política del proyecto que parece inspirarse en el desconocimiento de lo que sucede con los incendios o peor aún por el desprecio a encontrar soluciones al verdadero problema de los incendios y sus causas reales”.

La entidad citó como ejemplo al caso de Córdoba, donde las casi 200.000 hectáreas puestas bajo condición de desastre agropecuario son en su mayoría zonas serranas sin valor productivo ni menos inmobiliario, zonas de bosques nativos donde además esta ley no serviría para reparar el sistema vegetativo perdido.

Por estos motivos, CRA les pidió a los diputados y senadores que rechacen esta modificación “carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio, que, como se ha demostrado muchas veces obedece a la intencionalidad de terceros”.

“Reformar una ley debe ser siempre la búsqueda de una norma superadora y no un acto de irracionalidad política fundado en prejuicios inaceptables”, concluyó CRA.