El debate por la tenencia de la tierra en la Argentina sumó un nuevo y encendido capítulo en el Congreso de la Nación.
En una atmósfera cargada de tensión política y visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo del país, el Senado de la Nación incluyó en su temario el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
Sin embargo, tal como ocurrió en anteriores oportunidades, el oficialismo no pudo avanzar con el debate en el recinto de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei, la cual tiene como eje central una reforma profunda al régimen legal para posibilitar una mayor venta de tierras argentinas a extranjeros.
El intento de avanzar con este despacho de mayoría ya había desatado una inmediata e inequívoca señal de alarma en el corazón del sector productivo, particularmente entre los pequeños y medianos productores.
Este nuevo revés parlamentario se consumó luego de que los armadores de La Libertad Avanza (LLA) analizaran minuciosamente el poroteo en las bancas y concluyeran que no contaban con los votos suficientes para debatir y aprobar el proyecto, una propuesta que genera fuertes polémicas incluso dentro del propio seno del oficialismo.
La iniciativa, impulsada fundamentalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volverá a someterse a la discusión de pasillo con una fecha ya fijada en el calendario legislativo: el próximo intento del Ejecutivo para destrabar la norma quedó agendado para el 6 de agosto.
Ante el avance legislativo y las negociaciones previas, la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad histórica que nuclea a los chacareros y defiende el arraigo en el interior profundo, alzó su voz de manera institucional para expresar su más enérgica oposición y “profunda preocupación” ante lo que consideran una amenaza directa al patrimonio nacional.
A través de un duro comunicado oficial, la organización que representa las bases tradicionales del campo solicitó formalmente a los senadores de todos los bloques que bloqueen la sanción del proyecto, advirtiendo que convalidar esta reforma legislativa constituiría un “grave error” con consecuencias irreversibles para la soberanía y la seguridad de la República.
La disputa de fondo se centra en las modificaciones que el oficialismo pretende introducir a la Ley 26.737, sancionada originalmente en el año 2011.
Dicha norma de control territorial fue concebida para establecer límites precisos y porcentajes máximos nacionales a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

El proyecto gubernamental bajo análisis busca desmantelar esa red de contención nacional para ceder la potestad reguladora de forma fragmentada a las provincias o dejarla supeditada a decisiones discrecionales del Gobierno nacional.
Según la óptica de la Federación Agraria, esta flexibilización radical de las condiciones de compra diluye los mecanismos de control del Estado y facilita un proceso acelerado de concentración de la tierra en manos de corporaciones multinacionales.

El planteo de los productores federados excede la mera competencia inmobiliaria o arancelaria del sector agropecuario.
El verdadero nudo del conflicto adquiere una dimensión estrictamente geopolítica.
Uno de los puntos más objetados y sensibles del proyecto de ley es la supresión de las restricciones para que ciudadanos y empresas extranjeras adquieran parcelas ubicadas en zonas de seguridad de fronteras.
La FAA remarcó el carácter “gravísimo” de esta medida en términos de defensa nacional, señalando que desproteger las áreas limítrofes implica ceder un control estratégico elemental sobre los límites territoriales de la Nación.
Asimismo, la reforma bajo la lupa elimina las consideraciones y protecciones especiales que la legislación actual aplica sobre los predios rurales que contienen cuerpos de agua o que son ribereños de ríos, lagos y lagunas.
En un contexto global donde el agua dulce se consolida como el recurso natural más codiciado del siglo XXI, la supresión de estos resguardos técnicos encendió las alarmas de los especialistas.
Desde la entidad agropecuaria insistieron en que liberar estos activos estratégicos a las fuerzas del mercado global resulta “inconveniente y desaconsejable” bajo cualquier análisis de sustentabilidad y supervivencia económica a largo plazo.
Más allá del impacto geopolítico y ambiental, la crónica de este reclamo se nutre del temor palpable en las comunidades del interior argentino.
La irrupción en el mercado de grandes compañías internacionales, respaldadas por una capacidad financiera sustancialmente mayor que la de cualquier productor familiar, tiende a distorsionar los valores de la tierra.

El incremento artificial del precio del suelo no solo dificulta el acceso de las nuevas generaciones de agricultores locales a las parcelas productivas, sino que atenta de forma directa contra el arraigo y la continuidad de los pueblos rurales.
La Federación Agraria recordó que este no es el primer intento del Gobierno de Milei por desregular el mercado de tierras, haciendo alusión a la derogación de la ley original que se había ensayado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al inicio de la gestión.
Ante la reactivación del debate en el ámbito parlamentario, en el campo hay inquietud e incertidumbre sobre la suerte del proyecto.