La Afip dispuso nuevos controles a los exportadores. El Gobierno presiona al sector por una deuda de 2008. Lorena D’Angelo. LA VOZ.

Mientras que los mercados externos continuaron operando con volatilidad, la plaza local estuvo prácticamente paralizada.

Desde el viernes pasado, cuando se informó desde la Afip una modificación en los protocolos de pesaje y chequeo de mercadería en los buques para exportar, el sector comprador de granos se retiró del mercado por el impacto que esta medida tendría para su habitual operatoria en las terminales portuarias.

Así fue que todos los exportadores comenzaron la semana sin realizar ofertas compradoras en el mercado con la consecuente parálisis en el sector agrícola.

El nuevo control aduanero es el draft survey : cantidad de toneladas registradas por centímetro de inmersión. La implementación no afecta al control del embarque sino al modo de operarlo: mediciones parciales y por permiso de embarque (por cada destinación).

Lo novedoso radica en que la medición del peso de carga ahora se debe hacer por cada uno de los permisos de embarque –es muy común que un barco cuente con varios permisos porque puede tener diferentes destinos–, lo que conspira contra la agilidad que requiere la operatoria de la carga. El control genera mayores costos y aumenta el nivel de imprecisión en las mediciones. Hasta ahora, lo común, era la medición de la bodega completa una vez finalizada la carga.

La nueva modalidad genera un sobrecosto derivado del mayor tiempo operativo que insumirá la logística y la operatoria habitual, pudiendo afectar la comercialización interna de los productos exportables.

Además opera otra medida que afecta al sector exportador por la demora en la renovación de la habilitación de los muelles para cargar. Los muelles son públicos y la Aduana otorga permisos provisorios de operaciones.

Así por más que los exportadores o productores que operen en una terminal tengan permiso para embarcar, pueden sufrir inconvenientes porque el muelle no tiene la habilitación activa.

Con las medidas tomadas recientemente se pretende presionar al sector exportador para que realicen el pago de una deuda que le reclama el Gobierno desde el 2008. La Afip impuso el 20 de octubre como fecha límite para que las empresas cancelen la deuda, que nació cuando las firmas declararon ventas mayores a las compras, y se aprobó una ley que hizo retroactivo el aumento de las retenciones a la mercadería que se había vendido pero no se habían comprado.

De esta forma, se generaron en la semana varios motivos para que el sector exportador se retirara del mercado y tampoco liquidaron divisas. Los principales perjudicados fueron los productores que no tuvieron precios para realizar negocios.