AMBITO FINANCIERO.

El proyecto de una nueva ley de semillas, que actualiza la actual ley con más de 40 años de vigencia, es analizado por los distintos actores del sector agropecuario y podría llegar a tratarse antes de fin de año.

El actual proyecto fue elaborado por la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y presentado ante los distintos actores de la cadena en unos talleres de trabajo organizados por el Ministerio de Agricultura, que actualmente hacen sus aportes y pulen puntos en los que aún no hay consenso. El nuevo proyecto, a diferencia de la ley actual, restringe la figura del «uso propio», que hoy por hoy habilita a que muchos productores utilicen semillas sin pagar las regalías correspondientes, además de favorecer un mercado paralelo.

Si bien todos los miembros de la cadena, que va desde la Federación Agraria hasta las empresas semilleras y productoras de tecnología multinacionales, coinciden en que hay que actualizar la ley y definir de otra forma el «uso propio», las principales diferencias pasan por el alcance que tendrá y por el futuro pago de regalías.

Por el lado empresario, hay consenso entre las grandes semilleras como Nidera y Don Mario y firmas como Monsanto, que ven con entusiasmo la nueva ley y celebran un nuevo marco normativo que, según dicen, traerá más inversiones, según se informó ayer oficialmente.

Sin embargo, la definición más acotada del «uso propio» genera resistencia en los semilleros multiplicadores, principalmente en la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) y la Federación Agraria.

Hoy por hoy ocurre que, bajo el uso propio, todos los productores vuelven a sembrar con semillas de su propia producción, ahorrando gastos, además de no pagar regalías por esas semillas.

Este sistema beneficia abiertamente a los pequeños productores, que tienen un acceso libre a la tecnología, pero también favorece a los grandes jugadores que sí están en condiciones de pagar regalías por esa tecnología.

Pese a que el proyecto prevé la creación de un registro de agricultores familiares, que estarán resguardados del pago de esas regalías, la discusión pasa por cómo y quién definirá quiénes son los que estarán cubiertos.

Hernán Lattanzi, representante de AFA que participó de los talleres de trabajo del proyecto de ley sostuvo: «Entendemos que la tecnología debe ser compensada, pero nos da incertidumbre, y si bien el proyecto prevé que haya un grupo de agricultores resguardados, no podemos consensuar el texto con un piso que no da certezas, estamos pugnando por una redacción que dé claridad sobre los límites del uso propio».

A pesar de estas diferencias, desde el Ministerio de Agricultura son optimistas respecto a la posibilidad de llegar al Congreso con un proyecto consensuado.

Por el lado legislativo, el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, el formoseño Luis Basterra, consideró que «entre la gente que viene trabajando en las mesas que armó el Ministerio de Agricultura existe una gran expectativa que salga un proyecto que tenga la posibilidad inédita de ser consensuado y tratado antes de fin de año»