A raíz de las imputaciones que sorpresivamente recayeron sobre 5 ingenieros agrónomos, la Federación Agraria Argentina alertó sobre la negativa de numerosos profesionales a arriesgarse a firmar recetas fitosanitarias para la aplicación de agroquímicos, con lo cual 1.200 productores estarán impedidos de realizar tratamientos, frenándose numerosas producciones, por lo que está en gestación una convocatoria a asamblea agraria. A la par, el Colegio de Ingenieros Agrónomos salió en defensa del principio de inocencia, el derecho de defensa y el tratamiento prudente, mesurado y equilibrado impone una problemática tan delicada como la que está planteada.

La Filial Córdoba de Federación Agraria Argentina fue la entidad que alertó sobre consecuencias que han derivado de las recientes imputaciones a 5 ingenieros agrónomos.

"Las últimas imputaciones realizadas en el marco de las causa de las pulverizaciones de Barrio Ituzaingó Anexo –informó la entidad- derivaron en la negativa por parte de numerosos ingenieros agrónomos de firmar, a partir de este panorama, las recetas fitosanitarias".

Y agrega:

Los ingenieros afirman que han quedado fuera de todo marco legal ya que las imputaciones se dan en el marco de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y no en la de Agroquímicos, que es la que regula esta actividad.

La decisión de los ingenieros derivó en que más de 1.200 productores del departamento capital deberán frenar íntegramente la producción agropecuaria y frutihortícola de toda la región por lo que las consecuencias negativas para la comunidad llegarían a niveles insospechados.

Esta situación derivó también en que numerosos productores están convocando a una asamblea general para analizar los pasos a seguir ya que esta decisión frena completamente la producción del sector. Asimismo, ruralistas del interior de la provincia consultaron durante todo el día a sus colegas federados sobre las potenciales soluciones a esta problemática que está creciendo y se mantienen alertas ante una eventual medida de protesta.

Preocupación e interrogantes de los ingenieros agrónomos
Por su parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba se hizo eco de la situación, emitiendo una declaración que expresa:

Frente a la profusa difusión periodística de la imputación de cinco Ingenieros Agrónomos, junto a otras personas, por la presunta comisión del delito de contaminación dolosa a través del uso de productos agroquímicos, atento desconocerse la naturaleza de la participación atribuida a los profesionales de la ingeniería agronómica y los hechos concretos en que se fundarían tales imputaciones, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia considera prematuro y extemporáneo pronunciarse sobre el particular en la presente instancia.

Sin perjuicio de ello, exhorta a la opinión pública a reflexionar acerca de las siguientes circunstancias, conducentes al caso:

-1) Que llama la atención la difusión pública de la noticia y de las identidades de los imputados cuando, por el estado procesal de la causa, rige en forma estricta el secreto del sumario en la investigación penal.

-2) Que la revelación de las identidades de los imputados induce a la opinión pública a producir una condena social anticipada que afecta injustamente el buen nombre y honor de las personas involucradas, sin que hayan tenido posibilidad alguna de ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio y que, aún cuando ulteriormente se declarase su inocencia, deja en su prestigio profesional y personal secuelas irreversibles.

-3) Que la Constitución de la Nación Argentina no sólo garantiza el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso, sino también el principio de inocencia de los imputados, que únicamente cede frente a una condena judicial firme por los delitos que se le adjudican.

-4) Que la prudencia, la mesura y el equilibrio se impone en el tratamiento de una problemática que afecta valores tan trascendentes como la salud humana y la preservación del medio ambiente.

Es función del Colegio el control del ejercicio profesional, promoviendo en toda circunstancia que ese ejercicio se desarrolle dentro de los marcos legales y normativos vigentes.