El uso de drones para realizar pulverizaciones agrícolas es una tecnología que se extiende a nivel mundial y el agro argentino lógicamente no es la excepción.
Estas unidades han experimentado un crecimiento notable en trabajos enfocados en el control de malezas, insectos y enfermedades, aunque la gran asignatura pendiente en Argentina es regular su uso.
Así lo sostiene un documento elaborado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), en el que la entidad subraya que esta tecnología ya se extiende sobre más de 500 millones de hectáreas a nivel mundial, con algo más de 300.000 pilotos habilitados.
“En países como China y Estados Unidos, la tercera parte del área agrícola se pulveriza con drones”, calcularon desde la entidad.
En nuestra región, Brasil y Uruguay son los que más avanzaron en su desarrollo. En Argentina, en 2023 se importaron cerca de 90 drones agrícolas, y para agosto de 2024, la cantidad llegaba a 600.
Para 2025, las proyecciones van más allá y prevén operaciones por 2.000 unidades, con una fuerte participación de marcas de origen chino, como DJI y XAG.
Su adopción en el campo presenta algunos contrastes. Mientras que su uso ha crecido en agricultura intensiva, en planteos extensivops aún enfrentan limitaciones para uso en grandes superficies.
De todos modos, son útiles para aplicaciones selectivas en manchones o refuerzos en zonas problemáticas, en barbecho o con el cultivo en pie.
Bajo este panorama, la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM) analizó las potencialidades y los desafíos de esta tecnología, cuyos principios de funcionamiento y calibración son bastante similares a los de equipos terrestres y aviones.
En concreto, comparó las ventajas y desventajas en relación a una aplicación con pulverizadoras tradicionales.
En julio de 2024, el Gobierno argentino, por medio del decreto 663/2024, actualizó la reglamentación para el uso de drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT), adaptándola a las reformas del Código Aeronáutico y alineándose con estándares internacionales.
También se facilitó la adaptación de este código a la realidad de los drones, se estandarizaron las regulaciones nacionales con las internacionales (Mercosur y OACI) y se facilitó la importación de equipos.
Para prestar servicios con VANT, las empresas deben estar registradas en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y los pilotos debidamente matriculados y habilitados según la categoría de peso específico de los drones, que en el caso de drones aplicadores en general corresponden a la categoría de clase D.
Pero más allá de estas medidas, hoy en Argentina no están permitidas las aplicaciones de fitosanitarios con drones. Esto se debe a la falta de un marco regulatorio específico por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
“El organismo está trabajando junto a las empresas de fitosanitarios, a las que por el momento solo expide permisos para ensayos con el objetivo de generar información para los marbetes, por lo que se espera que la regulación llegue pronto”, remarcaron desde Aapresid.
De este modo, desde el sector destacan la necesidad de establecer un marco regulatorio específico para el uso de drones en la aplicación de fitosanitarios.
Entre otros puntos, debería considerar riesgos asociados como la deriva, la eficacia del tratamiento, la exposición de las personas y los residuos en los cultivos.
El tema de la deriva no es un punto menor. No se debe perder de vista que los drones generan gotas más finas, trabajan con volúmenes de agua menores que los aviones, utilizan mezclas más concentradas y tienen un patrón de aplicación menos predecible en comparación con los sistemas tradicionales.
Las recomendaciones actuales para la aplicación de fitosanitarios están diseñadas para sistemas que emplean volúmenes de 100 litros por hectárea o más, lo que plantea desafíos para integrar esta nueva tecnología de manera segura y eficiente.
Según la Red de Aapresid, los drones no se perfilan como un reemplazo de las tecnologías actuales, sino como una herramienta complementaria. “Como otras innovaciones en el sector, su implementación dependerá en gran medida de la responsabilidad de los usuarios”, concluyeron.