SANTA FE.- La cerealera Vicentin, en concurso de acreedores desde febrero de 2020 y que busca, tras el rechazo a la homologación del proceso por parte del máximo tribunal de Justicia provincial que este pase a la Corte Suprema nacional, decidió ayer cerrar toda su producción industrial. Ya tenía frenada la operatoria en su planta de San Lorenzo, que es de procesamiento de soja, y ahora le sumó los establecimientos en Ricardone y Avellaneda, también en esta provincia. El parate es por la falta de contratos a fasones para mantener en funciones el proceso.
“Ante la imposibilidad de obtener contratos de fasón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda), en la convicción de que para la conservación de la empresa en este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”, dijo en un comunicado.
Agregó: “Continuamos en diálogo permanente con todas las partes interesadas, en procura de lograr las condiciones para reanudar la actividad”. Luego insistió sobre el proceso judicial, es decir la falta de homologación del concurso desde la Corte Suprema de Santa Fe: “Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace mas de tres años, respaldada por mayorías contundentes de acreedores -solución que todavía está vigente- hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentin y a la comunidad”.
Allegados a la firma fueron categóricos con el diagnóstico sobre la situación actual en la firma que, vale recordar, había conseguido las mayorías necesarias de acreedores y capital para salir del concurso, pero la Corte de Santa Fe lo rechazó y ahora aguarda la habilitación a un recurso extraordinario para que pase a la Corte Suprema nacional.
“No hay grano, no hay fasones, no hay confirmación así que es preferible mantener las plantas seguras, cerradas y con algún tipo de mantenimiento técnico, pero sin trabajar porque no hay seguridad de eso. Lo único que podría llegar a cambiar el escenario es que avance el pedido de Vicentin, la elevación a la Corte; ahí los estratégicos [socios como Bunge-Viterra y ACA que querían llegar a controlar la firma] podrían volver a proveer grano ante la perspectiva de que el concurso se apruebe”, dijeron. La firma para operar, indicaron, necesita unas 400.000 toneladas por mes.
La empresa posee unos 1300 empleados y hay una fuerte incógnita por estas horas ya que, afirmaron allegados, “lo más probable es que no se puedan pagar los sueldos” del mes pasado.
“La última carta que queda, como posibilidad, es que se confirmen los contratos de fasón; o que se acepte el recurso extraordinario [que planteó la firma] y que el reclamo llegue a la Corte Suprema con alguna visibilidad de acuerdo”, señalaron.
“No creo que pueda surgir algo milagroso de acá al 10 (de abril, la fecha), cuando vence el plazo para pagar los sueldos. Hoy es difícil adelantar que pueda ocurrir algo que cambie este cuadro de situación”, precisaron. “Nos imaginamos que vienen días difíciles”, agregaron.
De ello se desprende que, si la semana próxima no hay novedades de pagos –lo que hasta hoy es algo muy difícil de concretar por parte de la empresa– volverán las medidas de fuerza de los trabajadores aceiteros.
Leandro Monzón, delegado del gremio de aceiteros en Reconquista, expresó la “preocupación de los trabajadores de Vicentin ante la incertidumbre laboral y la falta de compromiso por parte de las autoridades”, según citaron medios regionales.
Monzón adelantó que los trabajadores han elevado una nota al juez (que entiende en el caso, Fabián) Lorenzini. “Creemos que la justicia tiene que intervenir y preservar el trabajo”, subrayó.
En tanto, los acreedores arremetieron contra lo que sostiene la empresa. Para el abogado Gustavo Feldman, uno de los querellantes en la causa contra los imputados por la administración fraudulenta de Vicentin, la única salida de la empresa es un “salvataje, que [se] llama cramdown”, según consignaron medios zonales.
Según explicó, “lo que pasó en las tres últimas audiencias en Rosario termina de consolidar y de acreditar el hecho concreto: el estado calamitoso en el que pusieron a Vicentin, en el que se desarrolla ahora la pugna de los empleados por mantener la fuente de trabajo y por percibir el salario que bien merecido tienen. Esta situación de precariedad tiene un solo responsable y un solo culpable, que son las autoridades de Vicentin, las que estuvieron antes y, de alguna manera, las que están ahora”.
“Que tengan bien en claro que acá no tenemos la culpa ni los querellantes, ni los fiscales, ni los jueces, ni los acreedores, que Vicentin esté en el fondo del mar, con una sola chance de ser rescatado, que es precisamente el salvataje. Literalmente, la única posibilidad es que aparezca un salvavidas, cuasi milagroso, que no es otro que el cramdown”, añadió Feldman.
Con la colaboración de Fernando Bertello
Por José E. Bordón