Opinión. Por Hugo Luis Biolcati | Para LA NACION

Por medio de innumerables regulaciones y de una voracidad fiscal sin límites, los sectores productivos del país ven coartada su libertad para producir y crear un mayor desarrollo.

En el caso del sector agropecuario, enfrentamos innumerables medidas no institucionalizadas que restringen o han restringido el funcionamiento de los mercados, así como una constante e incierta asignación de cuotas de exportación de leche, carnes, trigo y maíz que desalientan su producción.

Al mismo tiempo, existen diversas iniciativas legislativas que obligan a producir lo que la política agropecuaria por otro lado desalienta.

El Congreso Nacional impulsa un proyecto de ley para avanzar en la regulación del uso de la tierra y en el manejo de los suelos que hacen los productores.

Según la iniciativa, los productores deberían presentar un plan de siembra para garantizar un "uso sustentable del recurso tierra".

Llama la atención que un gobierno que interviene los mercados de los cereales, la leche, las economías regionales y la carne quitándoles rentabilidad e impulsando la mayor siembra de soja, pretenda al mismo tiempo regular una mejor rotación de los cultivos.

Otro iniciativa legislativa, que se impulsa en la provincia de Entre Ríos, pretende aplicar una retención provincial de entre el 4,5 y el 6% del valor de la producción agrícola por el uso de las tierras cultivables, calculado sobre el precio FAS teórico oficial que publica el Ministerio de Agricultura de la Nación, un valor que -sabemos- no se corresponde con aquel que en la práctica reciben los productores por sus cereales.

El proyecto provincial establece una discriminación hacia los argentinos domiciliados en otras provincias, que deberán pagar una alícuota mayor por el uso de las tierras, vulnerando el derecho de igualdad ante los impuestos y las cargas públicas. Además, el tratamiento desfavorable para aquellos productores no radicados en Entre Ríos actúa como una suerte de aduana interna, incumpliendo el derecho a la libre circulación territorial y la prohibición de la instalación de aduanas interiores, tal como establece la Constitución Nacional.

Por otro lado, se ha utilizado para impulsar esta norma el concepto de sustentabilidad. Sin embargo, la nueva ley derogaría una anterior que otorga incentivos para cuidar el suelo a través de la posibilidad de desgravar del impuesto inmobiliario rural aquellas prácticas que realicen los productores para la conservación y protección de su suelo, en diferentes porcentajes, de acuerdo a un plan.

En definitiva, se busca dejar sin efecto una ley de avanzada que es tomada como modelo a nivel nacional e internacional, reconocida incluso por Naciones Unidas, y a cuya derogación se oponen todas las entidades técnicas y gremiales del sector agropecuario para imponer un nuevo tributo con un claro propósito recaudatorio. Pero, paradójicamente, pondrá en mayor riesgo aún el buen uso de la tierra, al agravar la presión fiscal total que sufre el productor, minando su posibilidad de incorporar las últimas innovaciones tecnológicas.

Es imprescindible que se comprenda que el primer interesado en cuidar la tierra es el productor agropecuario, que quiere y necesita volver a sembrar y a cosechar. Por eso tiene un fuerte incentivo a resguardar la capacidad productiva de su suelo que, en el caso de la Argentina, llevó a crear la técnica de la siembra directa, entre otros avances tecnológicos que admiran al mundo.

Si el Gobierno realmente quiere evitar el deterioro de los suelos, y contribuir al desarrollo de sistemas de producción agrícolas sustentables, debería utilizar herramientas de estímulo en vez de constantes prohibiciones y regulaciones. Por ejemplo, comenzar por suprimir los registros de operaciones de exportación (ROE) y liberar las ventas externas de trigo y maíz para incentivar su siembra, o reducir sus retenciones, así como sancionar una ley que permita desgravar del Impuesto a las Ganancias el gasto realizado en fertilizantes.

En suma, hay impulsar una política agropecuaria de largo plazo que dé la confianza necesaria para invertir y que permita la expansión de la producción y de las exportaciones para crear mayor bienestar general y evitar, al mismo tiempo, que el recurso suelo siga subsidiando los desbalances fiscales nacionales, provinciales y municipales.