A fines de 2020 transportistas autoconvocados generaron bloqueos generalizados en el marco de protestas tendientes a buscar una recomposición de las tarifas cobradas por el servicio de flete de granos. BICHOS DE CAMPO - 13/04/2026

Eso provocó que en diciembre de 2020 la molienda de soja en la Argentina registrara un derrumbe para ubicarse en apenas 846.900 toneladas, la cifra más baja desde febrero de 2001. Una catástrofe en términos productivos, comerciales y financieros.

Ahora vamos camino a repetir la misma “película”, aunque el escenario es completamente diferente, porque los márgenes del negocio agrícola son magros a nulos, al tiempo que se acabó el “festival” financiero de la tasas de interés negativas.

Ante la desesperación de tener ingresos que no cubren los costos, existe un grupo de transportistas que estima conducente bloquear los accesos a terminales portuarias y complejos agroindustriales, imaginando que esa acción derivará en una negociación tendiente a recomponer el valor de las tarifas con “reaseguro” estatal.

Pero la complejidad presente en el mercado agrícola hace tales experimentos resulten inviables; la evidencia histórica reciente así lo confirma.

Cualquier tambero saber que es imposible ordeñar a una vaca seca. Y eso mismo deberían saberlo también los transportistas y todos los demás integrantes de la cadena de valor que recurren a la fuerza bruta o al Estado (que tiene el monopolio de la fuerza pública) para intentar ordeñar a productores agrícolas que, en la actual coyuntura, no pueden dar un litro más de leche.

Existe información suficiente para entender que el problema de la crisis de ingresos que afecta a los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial se origina en una carga tributaria distorsiva, que se explica fundamentalmente por los derechos de exportación.

Resulta insólito que, cuando se disparan crisis de ingresos en el agro argentino, se promueven conflictos que afectan a todos los perjudicados, mientras que el causante del problema –el Estado– permanece al margen como si los enfrentamientos correspondieran a sucesos que ocurren en un país lejano.

Apropiarse del capital de trabajo de las empresas agrícolas por medio de los derechos de exportación genera un daño sistemático que no sólo afecta a los productores, sino a todos los demás sectores que dependen de ellos.

Insólitamente, algunas provincias siguen manteniendo una “mesa de negociación” entre transportistas y dadores de carga, pero en esa instancia no están presentes las empresas petroleras (que no dudaron un segundo en trasladar la suba de precios internacionales de los combustibles al mercado interno) ni el Estado nacional (responsable de la confiscación de parte del capital de trabajo del agro en su conjunto).

Tal como ha sucedido en otras oportunidades, el Estado intercederá en el conflicto cuando advierta que el mismo puede poner en peligro la recaudación impositiva y el flujo de ingresos de divisas. Hasta que eso no suceda, los integrantes del agro están por su cuenta.

Por supuesto, el día que todos los que forman parte de la cadena agroindustrial decidan organizarse para enfrentar al verdadero origen del problema, las cosas van a cambiar de una vez por todas. Mientras tanto, hasta cierto límite, a los administradores circunstanciales del Estado les conviene incentivar la rapiña intrasectorial que propiciar un reclamo conjunto que pueda poner en peligro el negocio más lucrativo presente en el país.