Los magistrados a cargo del primer juicio en Córdoba por contaminación con agroquímicos visitaron ayer el barrio Ituzaingó, donde se denunciaron decenas de casos de personas damnificadas.

La próxima semana se dictaría por primera vez una sentencia en un juicio en el que se acusa a dos productores sojeros y al propietario de una empresa de aviación de arrojar agrotóxicos y contaminar un barrio de la capital de Córdoba.

En ese sentido, la medida se podría dar por varias denuncias que comenzaron hace más de 10 años, luego de que los imputados desobedecieran las ordenanzas que prohibían a los sojeros sembrar y cosechar en el barrio Ituzaingó, precisó el doctor Medardo Avila Vázquez, quien se presentó como querellante.

Avila Vázquez es coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y realizó la denuncia en 2008, cuando era subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba.

«Estas denuncias se dan en todo el país, y hay más de 10.000 escuelas rurales que desde octubre y hasta el 15 de diciembre son fumigadas con ellos adentro. Y cuando alguien iba a hacer la denuncia hasta ahora le decían que no se puede hacer nada porque no es un delito», indicó el facultativo.

Asimismo, explicó que en el caso del barrio Ituzaingó «es la primera vez que se aplican leyes que existen en la legislación y que dicen que aplicar venenos contaminando el ambiente y afectando la salud de la gente es un delito y pueden ir a la cárcel».

«Por primera vez logramos que se reconozca el derecho a la salud de la gente por encima del negocio tan grande y tan poderoso que es el de la soja en la Argentina», sostuvo Avila Vázquez.

El médico contó que el problema allí viene «desde hace once años, cuando un grupo de madres empezó a protestar porque muchos de sus hijos habían muerto o estaban enfermos con leucemia o enfermedades muy graves».