Nuestro país ha sufrido dos tragedias en poco más de un año que reflejan la falta de mantenimiento de la infraestructura. Esto ocurre en un contexto de presión tributaria record, por lo que el problema parecer estar focalizado en la asignación de las prioridades del sector público, antes que en la falta de recursos. Comparando con 2005, las partidas de gasto de las tres jurisdicciones (nación, provincias y municipios) han aumentado más de 13 puntos del PIB. A valores de hoy, esto significa que los gobiernos manejan por año un extra de casi 60 mil millones de dólares respecto de 8 años atrás. Lo que se necesita es canalizar esos recursos de un modo mucho más eficiente, con obras públicas que comiencen a definirse en función de un ranking que ordene los proyectos de mayor a menor en cuanto a su rentabilidad social. Además de las vidas en juego, el deterioro de la infraestructura es un factor económico de primer orden, tal como lo acredita el hecho que la principal empresa del país (YPF) verá limitada la producción de la destilería de La Plata, abultando aún más la pesada factura de importaciones de combustibles.

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