27/02/2015

Reclaman seguridad jurídica en Calamuchita

La Sociedad Rural de Calamuchita dio cuenta de la “gran preocupación” entre los productores de esta zona de la provincia ante “las exageradas e infundadas restricciones y/o prohibiciones que están siendo aplicadas por algunos municipios y comunas"
LAVOZ

La Sociedad Rural de Calamuchita dio cuenta de la “gran preocupación” entre los productores de esta zona de la provincia ante “las exageradas e infundadas restricciones y/o prohibiciones que están siendo aplicadas por algunos municipios y comunas, que exceden ampliamente lo establecido por la ley 9.164”, que regula la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario.

En una nota dirigida a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la entidad dio cuenta de una reunión para abordar el tema con el secretario de Agricultura de la Provincia, Juan Cruz Molina e integrantes de su equipo.

En la nota, la Rural de Calamuchita sostiene que “la confusión y el desconocimiento llevan a pretender acudir al Código Penal y a la ley nacional de residuos peligrosos (25.051) a fin de controlar y sancionar”, las actividades de pulverización y protección de cultivos.

En concreto, se menciona una resolución de la comuna de Ciudad Parque Los Reartes, cuyo alcance dejaría improductivas, en forma directa o indirecta, unas mil hectáreas en el ejido de esa comuna.

Juicio penal

Seguidamente, la entidad adherida a Cartez relata el caso del productor Sergio García que, habiendo cumplido con toda la normativa establecida en la ley 9.164 –hecho acreditado en el expediente Nº 769434, Fiscalía Nº 1 de la ciudad de Río Tercero– fue elevado a juicio por la ley de residuos peligrosos. Mientras el fiscal Alejandro Javier Carvallo solicitó el sobreseimiento, esto fue denegado por el juez de control y la causa fue elevada a juicio, relata la nota. “Como contribuyentes territoriales y productores, solicitamos serias garantías y seguridad de aquellos que pueden y deben controlarnos, como así también seguridad jurídica”, agrega la Rural.