AGROVERDAD
El gobernador José Manuel de la Sota anunció el sábado que promoverá una Ley de Convivencia Ambiental. Enseguida se la relacionó con el proyecto de radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Sin embargo, el mandatario se refirió a “todas las actividades y acciones susceptibles de provocar un impacto negativo o significativo en el territorio de la provincia de Córdoba”.

De la Sota, al inaugurar el sábado el período ordinario de sesiones de la Legislatura Provincial, prometió “acordar y consensuar las políticas y acciones con los diferentes sectores y actores sociales que conviven en el territorio”.

No obstante esa afirmación, los antecedentes de las normas dispuestas por varios municipios, las proclamas de “cambio del modelo productivo” que impulsan organizaciones que militan en el “ambientalismo” y agrupaciones con determinados sesgos políticos (muchas ligadas al gobierno nacional), y repetidas indefiniciones del Ejecutivo, dan lugar a razonables interrogantes acerca de qué concretamente abarcará la iniciativa.

En Córdoba, prácticamente nadie –y menos en el ámbito oficial- se ha hecho eco o tomado en cuenta un documento que en octubre de 2013 produjo, en consenso con prácticamente todo el abanico de entidades gremiales y técnicas y organismos tecnológicos estatales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (que, por obvia inferencia, representa al Gobierno nacional), titulado “Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas”. Entre otras cosas, precisa que 100 metros para las aplicaciones terrestres de agroquímicos y 200 metros para las aéreas, son las distancias de “amortiguamiento” (o áreas de seguridad) en relación a las áreas periurbanas (o sea, pobladas).

Además, “estas distancias recomendadas se podrán reducir a partir de la evaluación que realice el profesional actuante, en consideración a la tecnología disponible, las condiciones climáticas y el producto fitosanitario empleado”.
En la provincia de Córdoba siguen vigentes las prohibiciones de varios municipios y no recordamos que desde el gobierno provincial, en estos meses, se haya hecho alguna mención a ese clarificador trabajo. 

En el consenso que se promete procurar, ¿se tomará en cuenta un dictámen de tal naturaleza?

ENTRE CAUTELOSOS Y RECELOSOS
Dirigentes de entidades agropecuarias consultados por Agroverdad se mostraron entre cautelosos y recelosos. “Primero quiero ver el proyecto”, confió una de las fuentes a la que se acudió en procura de una opinión, la cual pidió se la mantuviera en reserva. “Pero la verdad, estamos muy desilusionados y escépticos respecto al gobierno de Córdoba, porque no es la primera vez que se dice una cosa y luego se hace otra completamente distinta”, explicó.

Puso por ejemplo al ordenamiento territorial de bosques nativos (montes), cuya ley provincial recogió varias inquietudes del sector agropecuario. La reglamentación, que pone efectivamente en práctica a la legislación, se inclinó, en cambio, por algunos de los planteos más radicalizados que hubo durante la discusión del instrumento.

El dirigente, que a medida que se desarrolló la conversación fue elevando su tono crítico, señaló el desgaste que producen “muchas reuniones (con los funcionarios del gobierno) y ninguna decisión”.

Reconoció, empero, que las autoridades han venido teniendo una buena actitud en relación a los proyectos de conservación de suelos, aunque –al mismo tiempo- advirtió que tampoco se traducen en acciones efectivas “y mucho menos contantes y sonantes”, en alusión a los aportes estatales que son necesarios para las labores que son necesarias en grandes cuencas afectadas por problemas de erosión.

Descontó que a los problemas del campo seguramente el gobierno cordobés les va a prestar bastante poca atención, pues está claro que sus urgencias, en lo inmediato, son otras, dijo, comprensivamente, la fuente.

LO QUE DIJO EL GOBERNADOR
Los párrafos del discurso del doctor José Manuel de la Sota referidos a la CONVIVENCIA AMBIENTAL PROVINCIAL, fueron los siguientes:
La protección ambiental y las condiciones de vida saludable han crecido cada vez más en la agenda pública.
La provincia de Córdoba fue pionera en materia ambiental, siendo la primera provincia que dictó una ley estableciendo los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, ley N° 7343 que fue sancionada en 1985; la primera en instrumentar de manera obligatoria el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), instrumento implementado a través del decreto 2131/00; y también es la primera provincia en crear recientemente la Policía Ambiental, a través de la ley Nro 10.115.

Ahora, y consecuentemente con esta historia, enviaremos un proyecto de ley a la legislatura provincial para que en el marco de lo previsto por el Art. 41 de la Constitución Nacional, Córdoba sea la primera provincia en dictar una ley complementaria de la ley nacional 25.675 de presupuestos mínimos ambientales.
La modalidad seleccionada para este proyecto legislativo ha sido la de proponer, a partir de la revisión y actualización normativa, los principales objetivos e instrumentos en materia de política ambiental provincial

Este nuevo proyecto legislativo propone que sea la primera provincia que actualice su marco normativo ambiental centrándolo en la idea de convivencia ambiental provincial, de tal manera, que los principales aspectos en los que va a ejecutar su política ambiental y posicionar a Córdoba de cara al futuro,lo conformen las instancias de participación que promuevan la convivencia ciudadana con su entorno en el territorio provincial.

Los actuales desafíos ambientales hacen imprescindible acordar y consensuar las políticas y acciones con los diferentes sectores y actores sociales que conviven en el territorio.

Plantearemos crear instancias que permitan compatibilizar las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y al mismo tiempo que permitan establecer la relación que pretenden los cordobeses con su entorno.

Los cordobeses tienen que proponer y debatir las propuestas de desarrollo, opinar acerca de las acciones, obras o actividades que se proyectan, de manera que las mismas sean compatibles con el entorno deseado por quienes vivan en el territorio provincial.
Incorporar esta instancia de participación ciudadana tiene como principal resultado el establecer la obligatoriedad de consulta y/o audiencias públicas en todas las actividades y acciones susceptibles de provocar un impacto negativo o significativo en el territorio de la provincia de Córdoba, como instancia previa a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que prevé la normativa vigente.

LO QUE DIJO MONSANTO
Entretanto, la empresa Monsanto, a la que se consideró destinataria principal del anunció del gobernador emitió un comunicado que reprodujo declaraciones del vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero.

Expresó que “en el marco de esta nueva convivencia ambiental provincial que propone el gobernador, creemos que es un buen momento para establecer un mecanismo de diálogo con las partes interesadas para que busquemos la manera de que tengan todas las garantías necesarias de que la planta (enMalvinas Argentinas) no contaminará y que el proceso se hará con total transparencia y su participación”.

Agregó que “estamos dispuestos a elaborar un informe más exhaustivo con todos los requerimientos hasta que cubra las expectativas de los vecinos de Malvinas Argentinas. No avanzaremos con la construcción hasta que el estudio no haya sido debatido en una audiencia pública y se apruebe”.

En suma, Vaquero consideró que “es muy positivo el anuncio del Señor Gobernador anticipando que la provincia va a actualizar su marco normativo ambiental centrándolo en la idea de lograr la Convivencia Ambiental Provincial, como también que para ello la provincia lidere una nueva legislación que incluya instancias de participación ciudadana. Desde ya, coincidimos con el Gobernador en su visión de que “los nuevos desafíos ambientales hacen imprescindibles acordar y consensuar las políticas y acciones con los diferentes sectores y actores sociales”. Nuestra empresa valora que se genere un espacio de dialogo que nos permita brindar garantías que lleven tranquilidad sobre la seguridad de nuestras instalaciones y sobre la oportunidad de desarrollo para todos los Cordobeses”.