AGROVERDAD

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba manifestó “su profunda preocupación frente a la situación de falta real de apertura participativa en el proceso de reglamentación del articulado de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208 y el consecuente Ordenamiento Ambiental del Territorio”. La CE sostiene que se está atentando “contra la posibilidad de expresión de Entidades Académicas, Colegios que nuclean a profesionales del área y a instituciones gremiales representativas de los productores agropecuarios, entre otros sectores y actores sociales”.

La Comisión de Enlace interpreta que “el incumplimiento implica trasgredir el texto de una Ley surgida de un amplio consenso y termina, en la práctica, poniendo límites a futuras intenciones de inversión en territorio cordobés”.

Qué proyecciones tiene la ley
Cabe recordar acerca de qué trata y qué proyecciones tiene la Ley de Política Aambiental Provincial.
En junio de 2014, cuando la Legislatura sancionó la Ley, en www.agroverdad.com.ar informamos que “Practicamente por unanimidad, la Legislatura de Córdoba aprobó la Ley de POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL”. PARA LEER SU TEXTO COMPLETO HACER CLIC AQUÍ.

Y agregábamos: “No obstante ese amplio respaldo de todas las bancadas –con excepción de una unipersonal, de la ultraizquierda- el texto abre justificados interrogantes e inquietudes en el sector agroindustrial y agroalimentario. Por ejemplo, cuando entre los proyectos “obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental”, se incluye genéricamente a “Campañas rurales de aplicación de plaguicidas”.

Además, la Ley, que en un principio se supuso estaba impulsada por el conflicto que se generó en torno a la planta de procesamiento de semillas de maíz que había comenzado a instalar la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, incluye expresamente “PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, CAZA Y PESCA” (los tres rubros, en el mismo nivel).

Objeciones de FAA
También informamos en junio de 2014 que la Federación Agraria Argentina de Córdoba, horas antes de la sanción de la ley, emitió una declaración en la cual asentaba ya sus objeciones.

La entidad manifestó su “más enérgico rechazo”, opinando que “la altísima cuota de discrecionalidad que se le otorga a la Autoridad de Aplicación” provoca “una gran cuota de incertidumbre a los productores agropecuarios”.

Juzga FAA que la ley “crea una serie de nuevos instrumentos y procedimientos inviables en la práctica, (y) empuja a la ilegalidad a miles de pequeños y medianos productores agropecuarios”.

“Sólo el desconocimiento de la actividad que se pretende regular o la manifiesta intención de generar un pingüe negocio para los “consultores” amigos del poder justifican este proyecto”, aseveró en un comunicado.

Señaló que “entre los innumerables desatinos del proyecto en cuestión mencionamos que están sujetos “condicionalmente” a la presentación de un estudio de Impacto Ambiental, por ejemplo, un proyecto forestal de dos (2) hectáreas o un emprendimiento silvopastoril de más de cien (100) hectáreas”.